«Unas personas como ellas, sin ética en la esfera privada, no pueden protegerse en los partidos políticos», indicó la ex trabajadora del ayuntamiento.

Pilar Martínez, la concejal de Urbanismo del Ayuntamiento de Madrid con Alberto Ruiz-Gallardón, quien en su día hizo campaña contra la construcción de lofts ilegales en la ciudad, ha arremetido contra Iván Espinosa de los Monteros, portavoz de Vox en el Congreso, y su esposa, Rocío Monasterio, líder de ese partido en la Comunidad de Madrid, tras los once casos de irregularidades urbanísticas de la pareja.

«Espinosa y Monasterio fueron promotores de un negocio fraudulento que tuvo efectos nefastos. Incumplieron reiteradamente la normativa urbanística, perjudicaron el modelo de ciudad que queríamos. Además de toda la inseguridad jurídica que vivieron los compradores, eso es un fraude claro. Unas personas como ellas, sin ética en la esfera privada, no pueden protegerse en los partidos políticos. No deberían admitir personas así. No tienen cabida en lo público», dice Martínez en una entrevista con el periódico El País.

Martínez ha entregado esta semana un dossier en la sede del Partido Popular denunciando las prácticas ilegales de la pareja, cuyo principal negocio era reformar locales de uso industrial para convertirlos en viviendas. Sus clientes dicen que le prometían unas licencias de habitabilidad que, al final, nunca llegaban.

«Es evidente que no tienen ética. Su negocio se basaba en obtener beneficios gracias a una gestión irresponsable, fraudulenta y opaca. Tienen beneficios injustificados y el problema se lo dejan a otro, al comprador», indica la política.

La concejal impulsó en julio de 2006 una modificación de las normas urbanísticas al Plan General para frenar la proliferación de lofts ilegales e inició una campaña de inspección en toda la ciudad para abrir expedientes sancionadores que afectaron directamente al matrimonio de Vox, como en el edificio construido de forma irregular en la calle Albarracín, 58.

«Sus promociones toparon con mis decisiones políticas. Hacían casas encubiertas. Desde Urbanismo intentamos evitar el fraude a futuros compradores de buena fe. Nunca iba a ser residencial lo que estas personas compraban», explica.

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