Exdiputados del PP han denunciado ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos contra el tribunal de garantías por el retraso en emitir una sentencia sobre la ley del aborto, pendiente desde hace 11 años. Por otro lado, la asociación ultraconservadora Abogados Cristianos anunció hace quince días la presentación de una querella en el Tribunal Supremo contra Andrés Ollero, ponente del recurso contra la ley del aborto en el Constitucional, al que acusan “de un posible delito de prevaricación en su modalidad de retardo malicioso”. Esta querella y la demanda ante el Tribunal Europeo han provocado que el Constitucional estudie ahora reactivar la tramitación del recurso para dictar una sentencia.
Una veintena de exdiputados del PP, entre los que se encuentran el exconsejero de Educación del Gobierno de Esperanza Aguirre, Luis Peral; la exdiputada popular y actual diputada de Vox, Lourdes Méndez Monasterio , el expresidente del PP vasco, José Eugenio Azpiroz, los exministros Jorge Fernández Díaz y Federico Trillo, así como el actual diputado de Vox, Ignacio Gil Lázaro, son los que han optado por llevar a Europa la demora de la respuesta. El 16 de diciembre enviaron una carta a los magistrados pidiendo resolver el asunto y al no obtener respuesta han decidido pedir amparo en Estrasburgo.
Vox ha aprovechado la presencia de su diputada entre los firmantes de la demanda ante el TEDH para difundir en una nota de prensa en su página web la interposición de esta demanda: “Durante más de diez años el Tribunal Constitucional español se ha negado, por razones desconocidas, a dictar sentencia en este recurso de inconstitucionalidad denegando a los demandantes en la práctica y de forma absolutamente arbitraria su derecho de acceso a la justicia”.
Méndez Monasterio, mientras fue diputada del PP como en la formación de extrema derecha, ha hecho público su posicionamiento en contra de la interrupción voluntaria del embarazo, llegando a ser una de las representantes del PP en el Congreso que rompió en 2015 la disciplina de voto del partido al no posicionarse a favor de la reforma de la ley del aborto promovida por el Gobierno de Mariano Rajoy.
Las interpelaciones de Méndez Monasterio en el Congreso también han desatado la polémica al negarse a guardar un minuto de silencio por las víctimas de violencia machista o al criticar una proposición no de ley que pretendía que las mujeres que son pareja no tengan que estar casadas para inscribirse como madres.
Luis Peral y José Eugenio Azpiroz
Luis Peral no es uno de los firmantes del recurso presentado ante el tribunal porque en 2010 era senador, aunque asegura a que formó “parte del equipo jurídico que redactó” el escrito.
Durante la legislatura de Cristina Cifuentes tuvo varios encontronazos con la disciplina de voto de su grupo parlamentario. Afrontó una multa de 300 euros por ausentarse en la votación de la Ley contra la ‘LGTBfobia’ y otra de 600 euros por votar en contra de una proposición no de ley sobre los vientres de alquiler. En 2016 abandonó la política activa.
José Eugenio Azpiroz también rompió la disciplina de voto del partido al negarse a apoyar la reforma de la ley aborto impulsada por Rajoy, años después de la presentación del recurso de inconstitucionalidad. “No me siento ultraconservador”, aseguró posteriormente a elDiario.es en una entrevista en la que también defendió que “matar a alguien no es un derecho de nadie”.
El recurso del PP contra la ley del aborto lleva más de 4.000 días sin resolverse
Juan José González Rivas, presidente del tribunal, considera que no hay base para que prosperen esas acciones legales contra el Constitucional y contra Ollero, pero sí estima que ha llegado el momento de poner fin al largo período de espera sobre el recurso del PP, presentado en 2010. Y es que el plazo medio de resolución de los asuntos que llegan al Tribunal Constitucional es de 133 días y el recurso del PP contra la ley del aborto lleva más de 4.000 días sin resolverse.
El recurso del PP impugnaba ocho preceptos y la disposición adicional segunda de la ley de plazos aprobada por el Gobierno del socialista José Luis Rodríguez Zapatero. Entre los preceptos recurridos estaba uno de los principales aspectos de la ley: el que permitía abortar en las primeras 14 semanas por decisión libre de la madre.
Andrés Ollero ha explicado a El País que tiene “preparados los trabajos necesarios” para llevar la ponencia al pleno en cuanto así lo disponga González Rivas y ha añadido añade que, en cualquier caso, no ha recibido indicación para agilizar la presentación de la ponencia, ni del presidente ni de ninguno de los miembros del tribunal.
El magistrado encargado de la ponencia tiene un marcado carácter conservador. Su posicionamiento antiabortista ha quedado patente en más de una ocasión. “Cinco lustros después, la situación es de aborto libre, al convertirse España en un paraíso del turismo abortista y el lugar donde más crece el número de abortos en la Unión Europea”, lamentó en un artículo publicado en Diario Médico en enero de 2012.
Cuando el Partido Popular registró su recurso en el Constitucional, el presidente del tribunal encargó la ponencia a la magistrada Elisa Pérez Vera, quién redactó un texto que consideraba plenamente constitucional la nueva ley del aborto de 2010, pero esa ponencia nunca se debatió en pleno porque la magistrada finalizó su mandato en 2012.
