Exfuncionarios del Gobierno filipino y un grupo de pescadores han interpuesto una demanda contra el presidente chino, Xi Jinping, ante la Corte Penal Internacional (CPI) por crímenes de lesa humanidad y daño medioambiental en el disputado Mar de China Meridional.

El anterior secretario de Exteriores filipino, Albert del Rosario, y la ex Defensora del Pueblo, Conchita Carpio Morales, firman esa queja junto con un grupo de pescadores afectados por las actividades de China en esas aguas.

La demanda, en la que solicitan la apertura de un examen preliminar contra Xi Jinping, fue presentada en La Haya el 15 de marzo, según informa hoy la prensa filipina que publica algunas páginas del documento.

Los demandantes acusan a Xi y otros funcionarios chinos de cometer «delitos que implican un daño medioambiental masivo, casi permanente y devastador en varias naciones», ya que China ha ocupado por la fuerza varios islotes y arrecifes cuya titularidad se disputan varios países de la región.

Alegan que el daño medioambiental comenzó cuando el Gobierno de Xi Jinping emprendió «un plan sistemático para apoderarse del Mar de China Meridional», de vital importancia geoestratégica, por el que circula el 30 % del comercio global y alberga el 12 % de la pesca mundial, además de posibles yacimientos de gas y petróleo.

«Estas violaciones de China, a través del presidente Xi Jinping y otros funcionarios, han causado lesiones graves a ciudadanos filipinos que dependen de la pesca para su sustento, y a las generaciones presentes y futuras de habitantes de la costa», se lee en el documento.

Los firmantes de la querella alegan que la CPI tiene jurisdicción sobre el caso porque los «delitos» de China ocurrieron cuando Filipinas aún era miembro del tribunal.

Filipinas abandonó formalmente el Estatuto de Roma, constitutivo de la CPI, el pasado domingo por orden del presidente Rodrigo Duterte, acusado ante ese tribunal de crímenes de lesa humanidad por los asesinatos en la guerra contra las drogas.

El Tribunal de Arbitraje de La Haya atribuyó en 2016 a Filipinas la titularidad de varios territorios del Mar de China Meridional, como el atolón Scarborough o parte del archipiélago Spratly, fallo que China no reconoce.

Filipinas, China, Taiwán, Malasia, Vietnam y Brunei reclaman total o parcialmente ese archipiélago, donde China ha edificado islas artificiales desde 2012 sobre los arrecifes y atolones para apropiárselos de facto.

A pesar de la sentencia, China continúa sus actividades militares sin que el Gobierno de Duterte haya reclamado nada, ya que el mandatario ha reorientado su política exterior hacia el «gigante asiático» a cambio de una generosa inyección de inversión.

Ese litigio estuvo impulsado por el anterior gobierno de Benigno Aquino, al que Del Rosario -uno de los firmantes- sirvió como secretario de Asuntos Exteriores (2011-16); mientras de Carpio ejerció de Defensora del Pueblo desde 2011 hasta su jubilación el pasado verano.