Francisco Molero, condenado en octubre de 2015 a cinco años y un día de prisión y una multa de 16.000 euros por atentado a la autoridad y lesiones a tres policías durante la movilización ‘Rodea el Congreso’, cumple dos años en la cárcel este sábado 30 de mayo.

Más de medio centenar de organizaciones y grupos de apoyo están haciendo una campaña para pedir nuevamente su indulto tras pasar «dos años injustamente en prisión». Asimismo, una campaña de crowdfuding recauda dinero para abonar la multa y que lleva acumulados cerca de 10.000 euros,

Desde estas organizaciones se exige al Gobierno de PSOE y Unidas Podemos el indulto para Molero «y su salida inmediata de prisión», así como «la reparación de los daños causados» a él y a su familia «por los sucesivos procedimientos judiciales injustos» que han vivido.

El secretario general del Sindicato Andaluz de Trabajadores (SAT), Óscar Reina, ha indicado en declaraciones a medios que el proceso judicial del joven de la localidad malagueña de Cuevas de San Marcos fue «fue totalmente parcial, plagado de errores y de falsas acusaciones policiales». «La palabra de un policía no debe tener más veracidad sobre la presunción de inocencia de un manifestante, más con el barullo que había y en una una situación que podía condunir a cualquiera», señala Reina.

Según explica Reina, se están haciendo las gestiones para su indulto por parte del Gobierno de PSOE y Unidas Podemos «aunque más allá de los gobiernos que estén está la justicia entre comillas sigue siendo la que es y los tribunales siguen siendo en su mayoría son los mismos». «Ojala que ahora se reconsidere la postura y tengan en cuenta que hay un preso político andaluz que se llama Francisco Molero y que está injustamente preso», concluye el líder del SAT.

Una defensa inexistente

El joven aceptó una abogada de oficio que durante la instrucción no presentó ningún escrito. Su defensa durante el juicio fue inexistente. No se defendió durante la fase de instrucción, en el juicio no aportó ninguna prueba y recurrió el auto judicial que transformó la instrucción por desórdenes en una instrucción por atentado a la autoridad y delito de lesiones a tres agentes.

La abogada fue sustituida durante el juicio, pero su nueva defensa presentó un incidente de nulidad ante el órgano equivocado. La tramitación del indulto fue el último eslabón de una cadena de situaciones anómalas. Aunque constaba denegado en una diligencia del 17 de abril de 2017, el expediente del Ministerio de Justicia se extravió y los abogados nunca llegaron a verlo.