Las hermanas Ana, Beatriz y Celia González exigieron justicia hoy ante un cuartel del Ejército por la violación sufrida hace 25 años por militares, un caso considerado emblemático al ser el primero en que fue condenado el Estado por el Sistema Interamericano de Derechos Humanos.
Con consignas de ¡justicia! y ¡Por la paz!, fueron desplegadas pancartas en la entrada del cuartel para reclamar el fin de la impunidad en la violación de estas tres hermanas indígenas tzeltales ocurrida el 4 de junio de 1994.
A 25 años del hecho, las hermanas protestaron casi una hora en la entrada del cuartel militar de San Cristóbal de las Casas junto a miembros de la organización Las Abejas, el servicio para La Paz, observadores internacionales y sacerdotes de la diócesis local y el Comité Ciudadano por la Defensa Popular (Cocidep).
Las hermanas pidieron justicia y castigo a los responsables de su violación, así como reconocimiento público de la responsabilidad y reparación integral por el daño causado, e instaron al presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, para que atienda su demanda de justicia.
El 4 de junio de 1994, en el municipio de Altamirano, Chiapas, miembros del Ejército Mexicano detuvieron arbitrariamente a las tres hermanas y a su madre, Delia Pérez de González, a quien obligaron a presenciar como las golpeaban, torturaban y las violaban.
Su detención, que ocurrió cuando las tres eran menores de edad, sucedió en el marco de las acciones militares de baja intensidad contra el rebelde Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN), que se había levantado en armas en enero de 1994.
La abogada de las hermanas, Gloria Guadalupe Ruiz, aseguró que este caso fue llevado al Sistema Interamericano de Derechos Humanos, donde se convirtió en un caso emblemático al ser el primero en el que se condenó al Estado mexicano.
«Fue una de las primeras veces que se encontró responsable al Estado por violación a los derechos humanos donde hay responsabilidad de la Secretaría de la Defensa Nacional», recordó la abogada.
Amnistía internacional (AI) se solidarizó con las tres hermanas al cumplirse 25 años de la agresión de la que fueron víctimas e hizo un llamamiento al gobierno de México para que por fin haga justicia y la reparación integral del daño.
Las hermanas denunciaron la violación el 30 de junio ante la Procuraduría General de la República (PGR), la cual trasladó la investigación a la Procuraduría de Justicia Militar en septiembre de 1994, dependencia que archivó el expediente.
En 1996, el caso fue llevado ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que lo admitió en 1999 y en abril de 2001 señaló al Estado mexicano como responsable y le ordenó investigar los hechos fuera del ámbito militar.
En 2010, el gobierno del estado de Chiapas ofreció a las hermanas una compensación de 500.000 pesos (unos 25.601 dólares) como reparación del daño, además de seguro médico y becas de estudio para ellas y sus hijos.
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