La exministra de Justicia de Canadá, Jody Wilson-Raybould, dio a conocer hoy una serie de documentos que parecen ahondar el escándalo de interferencia política que implica al primer ministro, Justin Trudeau.

Entre los documentos entregados por Wilson-Raybould, quien dimitió como ministra el pasado mes de febrero, se encuentra la grabación de una explosiva conversación telefónica que mantuvo con el secretario del Consejo Privado Real de Canadá, Michael Wernick.

En la grabación, que fue realizada sin que Wernick fuese consciente, Wilson-Raybould expresa que está preocupada e «incómoda» por la conversación en la que el funcionario le solicita en repetidas ocasiones que reconsidere ofrecer un acuerdo a la mayor constructora del país para evitar su enjuiciamiento criminal.

La grabación reafirma lo declarado por Wilson-Raybould a finales de febrero ante el comité de Justicia de la Cámara Baja del Parlamento canadiense, donde señaló que «durante meses» fue presionada por altos funcionarios del Gobierno de Trudeau para favorecer a la constructora SNC-Lavalin.

Una de las personas que Wilson-Raybould identificó fue Wernick quien el pasado 18 de marzo anunció que dejará en las próximas semanas su puesto al frente del Consejo Privado Real de Canadá a consecuencia del escándalo.

El director del Consejo Privado Real de Canadá es un funcionario público independiente que asesora al primer ministro en temas de seguridad nacional y facilita el enlace entre el primer ministro y el Gabinete.

SNC-Lavalin es una polémica empresa que está acusada de pagar sobornos a altos funcionarios del régimen del fallecido líder libio Muamar el Gadafi, incluido uno de sus hijos, para conseguir contratos en el país norteafricano.

La compañía ha solicitado a la fiscalía canadiense un acuerdo de enjuiciamiento diferido que evitaría que fuese juzgada criminalmente y una posible prohibición para participar en contratos públicos federales durante una década.

Pero la directora de enjuiciamientos de la fiscalía se ha negado a ofrecer el acuerdo a SNC-Lavalin, por lo que Trudeau y otros ministros del Gobierno solicitaron a Wilson-Raybould, que también era la fiscal general del Estado, que la presionase para que modificase su decisión.

Durante los casi 18 minutos que dura la conversación dada a conocer hoy entre Wilson-Raybould y Wernick, la entonces ministra de Justicia señala que las «apariencias» de interferencia política por parte del primer ministro afectarán «la integridad del Gobierno».

«Me siento incómoda con esta conversación porque es un error», añadió Wilson-Raybould, que también expresó sus dudas de que Trudeau estaba siendo asesorado de forma adecuada sobre lo inapropiado que eran las peticiones de modificar la opinión de la directora de enjuiciamientos de la fiscalía.

«¿Entiende la gravedad de lo que esto podría significar potencialmente? Esto no es una cuestión de salvar empleos, es una cuestión de interferencia con una de las instituciones fundamentales. Esto es como romper un principio constitucional de independencia de enjuiciamiento», añadió.