Este miércoles, el Juzgado de Instrucción número 4 de Castellón ha dictado un auto de procedimiento abreviado contra el que fuera presidente de la Diputación de esta provincia Carlos Fabra, por entender que existen indicios que apuntan a que ocultó su patrimonio a la Justicia y la Administración Tributaria con el objetivo de dificultar la ejecución de la sentencia en la que fue condenado en 2013 por cuatro delitos fiscales en el conocido como caso Naranjax y evitar así un embargo judicial de casi 920.000 euros. Además, percibió sobornos y blanqueó capitales.

Para cumplir con este objetivo contó con la ayuda directa de familiares: su mujer en ese momento, María Desamparados Fernández Blanes; sus hijos Borja y Claudia Fabra y su yerno Fernando Castro, y de terceras personas.

Es por ello que el instructor dirige la causa también contra los familiares, cinco empresarios y cinco sociedades mercantiles como personas jurídicas. En cambio, ha decretado la extinción de responsabilidad penal por prescripción de los delitos para siete investigados y el sobreseimiento provisional de las diligencias para otros once.

Fabra

La «penuria económica» de Fabra

Según el juez y anticorrupción, la «situación de aparente penuria económica» de Fabra no resulta acorde con el hecho de haber recibido entre los años 2007 y 2017 abonos en efectivo en cuentas de su titularidad por importe de casi 2,7 millones de euros. Tampoco con la «intensa actividad bancaria por él organizada», con unos abonos superiores a los 26 millones de euros «que a través de diversas operativas continuadas en el tiempo han impedido satisfacer la deuda pendiente de ejecución».

El instructor detalla algunas de esas operaciones como las entregas de dinero realizadas a Fabra por algunos empresarios encausados en estas diligencias, entre ellos el presidente del Villarreal Club de Fútbol SAD, Fernando Roig, o el administrador de Facsa, camufladas como préstamos personales privados u opciones de compra en relación con inmuebles, aunque eran realizadas a petición de Fabra «en consideración a su persona, por ser o haber sido presidente de la Diputación Provincial de Castellón y, en cualquier caso, ostentar una posición de influencia política en la provincia».

Cuatro sociedades pantalla: Carmacas, Sipcas, Asdecas y Lironlor

Tal y como recoge Valencia Plaza, Fabra habría usado cuatro sociedades pantalla: Carmacas, Sipcas, Asdecas y Lironlor, administradas o por familiares o por supuestos testaferros. Dos meses después de que se abriera el caso Naranjax, Claudia Fabra adquirió el 90% de las participaciones de su padre en Carmacas y ejerció de administradora. Los investigadores sospechan que la mercantil fue usada posteriormente por el exdirigente popular para transferir dinero con el objetivo de ocultar patrimonio.

En relación a Sipcas, manejada por su hijo Borja, Anticorrupción cree que fue constituida con el propósito de canalizar entre diciembre de 2011 y marzo de 2012 un total de 232.897 euros procedentes de la mercantil Becsa, antigua Lubasa. La cantidad pagada tuvo origen en la contratación de Sipcas para la ejecución de trabajos en países extranjeros como Irak y Marruecos. Los fondos fueron ingresados a través de tres transferencias, que una vez recibidas, fueron seguidas de otras tres a favor de cuentas de Fabra, lo que se justificó ante la Agencia Tributaria como un préstamo. Más tarde, declaró su devolución mediante la transmisión a Sipcas de siete vehículos propiedad de él como dación en pago de deudas.

La falsa nómina de la mujer de Fabra

A Asdecas fueron a parar ingresos de Fabra con el fin de «ocultar su destino», según Anticorrupción. Por ejemplo, 58.920 euros procedentes de la cuenta del PP de Castellón en 2012. A su vez, la mayor parte de las transferencias efectuadas desde las cuentas de Asdecas van a parar a otras tituladas por María Desamparados Fernández Blanes, en ese momento mujer del exdirigente popular, con carácter mensual entre agosto de 2008 y abril de 2013 con, generalmente, el concepto «nómina». El total de la cantidad transferida, ascendió a 134.622,19 euros. El juez considera que los movimientos eran el pago de una falsa nómina a su mujer.

De Lironlor se encargaba su testaferro Alejandro Lorca. La empresa sirvió para ocultar ingresos en efectivo y de procedencia ilícita. Entre marzo y mayo de 2010, sirvió para canalizar 110.00 euros de los 220.400 con origen en la empresa Llanera. Estas transferencias se declararon a la Agencia Tributaria pero sus actuales administradores concursales no pudieron facilitar ninguna información.

El juez atribuye al político, su mujer, sus dos hijos, su yerno y cuatro empresarios un delito de frustración de la ejecución, el primero en concepto de autor y los demás como cooperadores necesarios. También aprecia indicios de la comisión de un delito continuado de cohecho contra el propio Fabra, así como de delitos del mismo tipo penal, «si bien puntuales y no continuados», en la actuación de cuatro empresarios.

Por último, cree que los hechos pueden ser constitutivos de un delito de blanqueo de capitales en relación al expresidente de la Diputación, como autor, y respecto a sus cuatro familiares y un empresario como cooperadores necesarios.

El auto, que da por concluida la fase de instrucción y puede ser recurrido en reforma, emplaza a la Fiscalía y las demás acusaciones a que soliciten en el plazo de diez días la apertura de juicio oral, el archivo del procedimiento o, excepcionalmente, la práctica de diligencias complementarias.

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