La carrera contrarreloj para conseguir una vacuna eficaz contra el covid-19 trae asociados una serie de posibles efectos secundarios por los que las víctimas podrían solicitar indemnizaciones o compensaciones que los propios fabricantes se niegan a asumir.

Según afirmó el pasado mayo en un comunicado la Federación Europea de Industria Farmacéutica y Asociaciones (EFPIA): “La velocidad y la escala del desarrollo y de la salida al mercado hacen imposible generar el mismo nivel de pruebas subyacentes de las que estarían normalmente disponibles gracias a grandes ensayos clínicos y la experiencia adquirida en colaboración con profesionales de la salud. Esto crea riesgos inevitables y requiere un importante sistema de compensación amistosa y sin reconocimiento de culpa y una exención de responsabilidad civil”.

La Comisión Europea ya ha alcanzado un acuerdo de compra anticipada de vacunas con una cláusula de este tipo con AstraZeneca, que suspendió sus ensayos clínicos el 8 de septiembre, después de que uno de los voluntarios sufriese una mielitis transversa, y que los reanudó cuatro días después sin más explicaciones.

Se encuentra actualmente en negociaciones avanzadas de compra anticipada de vacunas en nombre de los 27 Estados miembro con otras cuatro empresas: Johnson & Johnson, Sanofi, CureVac y Moderna, cuyos contratos también incluyen una cláusula de exención de responsabilidad y son vinculantes para cada país miembro que luego compra sus propias vacunas, según la Comisión Europea.

Según Antoine Béguin, abogado especializado en responsabilidad médica, en declaraciones a Infolibre, “en cuanto a la responsabilidad civil, es decir, la indemnización, la regla general es que el laboratorio es responsable de la falta de seguridad del producto”. Lo que se prevé aquí es que, una vez obtenida la autorización de comercialización, “el Estado se haga cargo de la indemnización derivada de los efectos secundarios graves, a menos que se demuestre la culpa del laboratorio”.

Si se demuestra que el efecto adverso es provocado por un defecto de producción conocido por el laboratorio, del que no ha informado a las autoridades públicas, puede que tenga que indemnizar a las víctimas. Por lo tanto, con pocas excepciones, la empresa transfiere su responsabilidad financiera a su cliente, el Estado, en caso de efectos secundarios.

Guillaume Roty, portavoz de la representación de la Comisión Europea en Francia señala que: “Si la Unión Europea no firmara este tipo de cláusulas, las empresas farmacéuticas no se aventurarían en busca de una vacuna. Esta es una medida necesaria porque queremos dividir por diez el tiempo habitual requerido en investigación y desarrollo. El productor tiene que ir mucho más rápido y, por lo tanto, asumir más riesgos, sobre todo porque las empresas no pueden estar seguras de que su investigación conduzca a una vacuna eficaz contra el covid-19”.