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FACUA-Consumidores en Acción considera inaceptable que el Gobierno oculte la identidad de los miembros de la Sección Segunda de la Comisión de Propiedad Intelectual, el organismo encargado de proponer el cierre de páginas web en aplicación de la llamada Ley Sinde.

Según ha dado a conocer Maldita.es, hace más de medio año que el Ejecutivo debería haber cumplido la resolución del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno que le instaba a entregarle el listado histórico y actual con las personas que forman parte de dicha Comisión. A día de hoy, sin embargo, aún no ha facilitado el mismo.

En este sentido, FACUA ve escandaloso que el Gobierno no permita a los ciudadanos saber quiénes son las seis personas que, junto con el ministro de Cultura como presidente de la Comisión, deciden sobre el cierre de páginas web, de forma que tampoco permite conocer si estos miembros tienen «conocimientos específicos acreditados en materia de propiedad intelectual«, tal y como exige la Ley de Economía Sostenible, que regula este organismo.

La asociación recuerda su rechazo histórico a la conocida Ley Sinde y a la creación de esta Comisión, por permitir el cierre de páginas web sin la necesidad de autorización judicial previa y sin ningún tipo de control judicial en los procedimientos sancionadores, lo que considera un retroceso en materia de libertad de expresión.

El Gobierno se negó inicialmente a entregar el listado a Maldita.es bajo el pretexto de «salvaguardar el correcto desarrollo» de las funciones de la Sección Segunda. El Consejo de Transparencia, sin embargo, señaló en su resolución que «la Administración se limita a invocar diversos límites al acceso sin argumentar mínimamente por qué resultan de aplicación a su juicio» y que conocer el listado de miembros no entorpecía o dificultaba la «labor de prevención, investigación o sanción«.

Así, el Consejo dio la razón a Maldita.es al entender que el listado de miembros de la Sección Segunda tiene un «interés público legitimado» y que conocer su identidad «es esencial para garantizar su idoneidad y, por tanto, la garantía del trabajo que desempeñan«.

FACUA, por tanto, espera que el Gobierno asuma de una vez su obligación legal de entregar el listado y cumpla así con la resolución del Consejo de Transparencia.