El Gobierno de España se ha posicionado con el resto de la Unión Europea (UE), Estados Unidos (EEUU), Japón y otros países ricos en contra de la exención de patentes de las vacunas contra la Covid-19 mientras dure la pandemia en la una reunión de la Organización Mundial del Comercio (OMC).

Esta medida supondrá dejar sin vacunas a una gran parte de la población de los países pobres para garantizar así el derecho a las patentes de las farmacéuticas (conseguidas gracias a investigaciones en las que al menos el 50% es dinero público) y permitir que ganen ingentes cantidades de dinero con la venta de las vacunas. Además esta en contradicción con las declaraciones del Gobierno en las reuniones del G20 sobre la necesidad de una cobertura universal de las vacunas.

La Federación de Asociaciones para la defensa de la Sanidad Pública se ha pronunciado sobre esta situación, señalando que consideran que esta decisión «es, aparte de insolidaria, incomprensible desde el punto de vista de la salud pública, ya que favorecerá el mantenimiento de la enfermedad en el 80% de la población del planeta, lo que inevitablemente acabará afectando a la salud de todos los demás países, más en el caso de España que es un importante receptor de migrantes».

La FADSP exige que las vacunas y medicamentos contra la COVID19 no tengan patentes
La FADSP exige que las vacunas y medicamentos contra la COVID19 no tengan patentes

FADSP y el mercado farmacéutico

La federación señala que «hay que considerar los interrogantes que existen sobre la eficacia práctica y la calidad de unas vacunas al haber sido investigadas y desarrolladas a toda prisa por los laboratorios más poderosos para quedarse con el mercado, cuyas informaciones proceden de los propios laboratorios, y están bastante sesgadas por la guerra comercial desatada entre las empresas farmacéuticas».

«Entendemos que en este momento es fundamental el garantizar que las vacunas y tratamientos efectivos contra la Covid-19 sean bienes públicos de carácter universal y no estén sujetos a los mecanismos de patentes que encarecen artificialmente el coste de los medicamentos e impiden su acceso de todas las personas cualesquiera que sea su nivel económico y el país en el que habiten», sentencian desde la FADSP.