El Comité Pro Liberación de Presas y Presos Políticos, conformado por familiares de personas arrestadas por protestar contra el presidente Daniel Ortega, rechazó este jueves el acuerdo entre el Gobierno y una alianza opositora, de liberar a los reos en un plazo de tres meses, en el marco de las negociaciones para superar la crisis local.
“Demandamos que las negociaciones no inicien hasta que se libere al último preso político, como garantía de cumplimiento del acuerdo. Ningún otro acuerdo puede ser válido y legítimo en tanto no se liberen a todas y todos los presos políticos”, informó el Comité, en un comunicado.
Ayer miércoles el Gobierno y la opositora Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia acordaron la liberación de los presos y detenidos en el contexto de las manifestaciones contra Ortega a partir del 18 de abril de 2018, en un plazo máximo de 90 días.
Las partes no informaron el número de “presos políticos” que será tomado en cuenta, ya que por un lado el Comité cuenta 802, mientras que el Gobierno establece la cifra en 340. Tampoco mencionaron nada sobre personas desaparecidas que podrían estar en prisión.
El acuerdo no tomó en cuenta la exigencia del Comité y de diversos sectores de la sociedad nicaragüense, incluyendo la misma Alianza Cívica, de no iniciar las negociaciones con manifestantes en prisión por temor a que el Gobierno los utilizada como rehenes y únicamente los liberara de acuerdo con sus necesidades.
“Demandamos la liberación de todas y todos los presos políticos a través de la anulación de los procesos judiciales. No apoyaremos ninguna solución que lleve a la impunidad”, agregó el Comité.
Los familiares de los “presos políticos” también exigieron conocer el calendario de liberación de presos, y que el proceso cumpla con los estándares internacionales de derechos humanos.
Asimismo pidieron que tanto la Cruz Roja Internacional, como el Mecanismo Especial de Seguimiento para Nicaragua (Meseni), y el Comité, formen parte de las negociaciones, como garantes de la liberación.
La crisis que vive Nicaragua desde abril ha dejado 325 muertos, de acuerdo con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), algunos grupos locales humanitarios elevan la cifra a 561, y Ortega, quien alega un intento de golpe de Estado en su contra, acepta 199.
La CIDH ha insistido en que el Gobierno de Ortega ha cometido crímenes “de lesa humanidad”, mientras que la aplicación de la Carta Democrática Interamericana está en proceso en la Organización de los Estados Americanos (OEA), lo que podría culminar con la suspensión del país centroamericano del organismo continental.