Tal y como informábamos el pasado miércoles, la magistrada Marta Canales ha condenado a la familia Franco a la devolución del Pazo de Meirás a su legítimo propietario, el Estado.

El inmueble, pagado con donativos forzados y dinero público, fue donado a Franco en su calidad de jefe de Estado y no a título particular. Tan solo tres años después de esa donación, Franco realizó una compra simulada de la propiedad, con la sola finalidad de inscribir este bien a su nombre en el Registro de la Propiedad sin mediar precio alguno, según la magistrada.

Respecto al tema de la devolución del Pazo de Meirás al patrimonio público, el presidente de la Xunta de Galicia, Alberto Núñez Feijóo, señalaba hace tres años que expropiar a la familia del dictador de este bien sería «aplicar un mecanismo franquista» y explicaba que: «Los gallegos no estamos por la labor de pagar dos veces el Pazo de Meirás. Lo pagamos en el año 1938 cuando lo donamos a la familia».

A los pocos días de estas declaraciones, el PP gallego aprobaría en solitario la constitución de una comisión de expertos «para analizar los mecanismos» que permitiesen, eventualmente, incorporar al patrimonio público el Pazo de Meirás.

Cuatro meses antes, el Partido Popular del que es presidente, impidió que el Parlamento autónomo reclamase al Congreso de los Diputados «la recuperación para lo público» del Pazo situado en Sada (A Coruña).

En julio de 2018, El Gobierno socialista de Pedro Sánchez fue emplazado dos veces por el PP de Feijóo a lanzar una demanda judicial para recuperar las Torres de Meirás. 

Feijóo, tras ser investido por cuarta vez como presidente de la Xunta de Galicia, celebraba este jueves la sentencia judicial que determinaba la devolución de la emblemática fortaleza al Estado por parte de la familia del dictador Francisco Franco.

El presidente de la Xunta de Galicia escribía en su cuenta oficial de Twitter: «O Pazo de Meirás é xa patrimonio de todos. Así o decidiu hoxe a Xustiza, avalando os criterios e argumentos que a Xunta trasladou ao Estado. Chegamos ata aquí co máximo consenso e a sentenza reflicte un triunfo na defensa dos intereses comúns».

Tras la sentencia de la juez, la familia del caudillo ha anunciado que va a recurrir este primer fallo, algo que dará lugar a numerosos procesos judiciales y que era el argumento por el que el PP gallego decía negarse, hace tres años, a la recuperación del Pazo de Meirás.

Gracias al Ejecutivo bipartito presidido por el socialista Pérez Touriño, en 2008 el monumento fue declarado Bien de Interés Cultural y se obligaba a los Franco a abrir el Pazo al público cuatro días al mes. A pesar de que los herederos recurrieron la sentencia, perdieron.

Tal y como aseguraba Feijóo por aquel entonces, las visitas serían gratuitas pero las arcas públicas sufragarían los gastos de seguridad de la fortaleza. Los Franco cobraron 18.000 euros en 2011 y otros 21.200 al año siguiente para organizar las visitas del pazo. 

Los herederos del dictador decidieron incumplir su obligación de abrir la fortaleza al público y en 2016 la Xunta les abrió un expediente informativo. En 2017 les impuso una multa de 4.500 euros y Feijóo se limitó a hacer un llamamiento a los Franco para que donasen el Pazo si no eran capaces de cumplir con la ley del Patrimonio de Galicia. 

El presidente de la Xunta, tras la exhumación el año pasado de los restos de Franco del Valle de los Caídos declaró que: «Darle vueltas a la dictadura franquista no forma parte de las prioridades ni del PP, ni de la mayoría de los ciudadanos».