El ministro de Justicia, Félix Bolaños, ha expresado su perplejidad ante la posición adoptada por Junts durante la votación de la ley de amnistía en el Congreso de los Diputados este martes, calificándola como “incomprensible”. Según Bolaños, en el PSOE no comprenden cómo los representantes de Puigdemont han votado “junto al Partido Popular y Vox, que son quienes quieren encarcelarles e ilegalizarles”.
El Hemiciclo fue testigo de este acontecimiento, cuando desde las primeras horas del día se anunció que Junts no respaldaría la ley de amnistía acordada con el PSOE y las fuerzas independentistas. En su lugar, la formación catalana presentaría enmiendas, y en caso de no ser aceptadas por el gobierno, respondería con un contundente ‘no’ a la actual proposición de ley.
Esta decisión representa un revés significativo para el PSOE, que esperaba obtener la aprobación de la ley tras asegurar el respaldo de ERC. Los diputados de ERC expresaron su desconcierto ante la negativa de Junts, considerando que la ley “garantizaba el fin de la persecución a cientos de inocentes catalanes”, según declaró Junqueras a la salida del Congreso.
Ante esta situación, calificada como “humillante” por el Partido Popular, Félix Bolaños, en representación del gobierno, se mostró orgulloso del camino que están siguiendo los socialistas en relación con la amnistía. El ministro destacó que el PSOE está en el “camino correcto” y subrayó la prioridad del gobierno de avanzar en “diálogo y convivencia entre Cataluña y el resto de España”.
En este contexto, Bolaños resaltó la “buena labor” del gobierno y defendió la legalidad de la promulgación de la ley de amnistía, asegurando que entró de manera “impecable y constitucional” en la cámara y saldrá de la misma manera. Invitó a Junts a “reconsiderar su posición” y subrayó que la ley es una garantía de solidez y robustez, tal como lo afirmó Oriol Junqueras.
Bolaños enfatizó que la aprobación de la ley traería la normalidad a Cataluña, fomentaría la convivencia entre los catalanes y entre estos y los españoles, y enterraría “una década muy negativa” tanto políticamente como socialmente en la región.
Antes de dirigirse a Bruselas, el ministro rechazó vehementemente ciertas declaraciones de diputados independentistas en el Congreso sobre la actuación de los jueces. Manifestó su “rechazo más absoluto” a las expresiones contra las adjudicaturas y algunos magistrados, subrayando que España es un estado de derecho con jueces que desempeñan su labor de manera profesional y rigurosa.
