El pasado miércoles, Fernando Giménez Barriocanal, vicesecretario para Asuntos Económicos de la Conferencia Episcopal, vendió como una renuncia voluntaria el acuerdo suscrito entre Gobierno e Iglesia para poner fin a dos de las exenciones fiscales que la institución católica había disfrutado hasta ahora: el de Construcciones, Instalaciones y Obras (ICIO) y el de Contribuciones Especiales.
A partir de ahora, la iglesia comenzará a pagar estos dos impuestos que, según cálculos del Gobierno, incrementarán las arcas públicas en unos de 16 millones de euros anuales. El pacto fue firmado por el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, y el nuncio apostólico, Bernardito Auza, poniendo de este modo fin al régimen fiscal privilegiado de la Iglesia.
En una entrevista en TRECE Televisión, el «jefe» de las cuentas de la CEE señalaba que la Iglesia quedaba equiparada fiscalmente a cualquier organización sin ánimo de lucro. Pero, ¿es cierto que se ha puesto fin a los privilegios fiscales de la Iglesia en España? El pacto alcanzado esta semana sólo atañe a dos pequeños impuestos de carácter local, que diferentes organizaciones sociales ven como «una cortina de humo para ocultar otros temas más importantes a resolver sobre la relación Iglesia-Estado» y «migajas que no resuelven nada.
Desde Europa Laica han asegurado a El HuffPost que la Iglesia sigue manteniendo actualmente en España un alto beneficio fiscal, ya que la alianza vigente desde hace casi cincuenta años exime a la Iglesia de pagar por sus inmuebles tributos como el Impuesto de Bienes e Inmuebles (IBI) o el de Sucesiones, Donaciones y Transmisiones Patrimoniales.
Además, la organización denuncia que el Gobierno va a seguir permitiendo a la Iglesia no pagar el correspondiente IBI por aquellos edificios y locales no dedicados al culto, algo que el Ejecutivo se planteó modificar en 2018 pero que no se ha llevado a cabo durante todo el gobierno de Sánchez, lo que supone una competencia desleal que vulnera la normativa europea.
En el informe que el Gobierno publicó en 2021 con los casi 35.000 bienes que la Iglesia inmatriculó desde 1998 a 2015 se pudo ver que unos 20.000 correspondían a templos o dependencias anexas, pero otros casi 15.000 se incluían en el epígrafe de «otros usos».
La Iglesia argumenta que muchos de estos bienes están en desuso y no generan ingresos y se escuda en que todas las entidades no lucrativas, no sólo ella, se benefician de un régimen fiscal especial establecido en la ley de mecenazgo, al considerarse que prestan un servicio a la sociedad y contribuyen al bien común.
Sin embargo, desde Europa Laica se cuestiona que la Iglesia no pague el IBI de los sitios en los que es titular pero no tiene rendimiento espiritual, como inmuebles alquilados a entidades comerciales. Según esta organización, la Iglesia sigue manteniendo un alto beneficio fiscal en España y el acuerdo alcanzado esta semana es insuficiente para poner fin a los privilegios fiscales de la Iglesia en el país.
En el pasado, la exvicepresidenta Carmen Calvo se mostró partidaria de que la Iglesia católica en España respondiera fiscalmente «igual que en Francia o Italia», donde sí están obligados a sufragar el impuesto de bienes inmuebles, sin embargo, dicha modificación nunca se llevó a cabo.
