La Fiscalía Provincial de Madrid ha solicitado una pena de 13 años y dos meses de cárcel para el comisario jubilado José Manuel Villarejo y el empresario Javier López Madrid, exconsejero de OHL, por amenazar y coaccionar de forma reiterada e insistente a la doctora Elisa Pinto tras la abrupta ruptura de su relación con el empresario. A López Madrid se le imputa el delito de cohecho activo por contratar al policía para maniobrar e impedir que le denunciase la médica.
Según el escrito de acusación, el «hostigamiento» llegó a tal punto que la mujer fue agredida en dos ocasiones y su hijo de 10 años recibió un aviso por parte de personas desconocidas que le dijeron: «También estamos pendientes de vosotros».
La Fiscalía de Madrid atribuye a Villarejo y a López Madrid dos delitos de lesiones (tres años y medio por cada uno), un delito continuado de coacciones (tres años), amenazas (un año y ocho meses) y un delito contra la Administración de Justicia (un año y seis meses).
Los hechos se remontan a 2012, cuando la víctima era jefa del servicio de dermatología del Hospital San Camilo y en su condición de médico especialista conocía a la familia de López Madrid, con quien al año siguiente comenzó una relación de «estrecha» amistad.
A partir de entonces, y hasta septiembre de 2013, hubo regalos, largas llamadas y correos, mensajes subidos de tono, fotografías sexuales explícitas recíprocas y encuentros «deliberadamente» casuales en sitios públicos (tiendas, restaurantes y lugar de trabajo). Además, mantuvieron «largas» llamadas telefónicas y una relación vía emails.
Pero todo cambia y, según la doctora, el empresario se excede e inicia un acoso contra ella. La relación termina y López Madrid teme que Pinto lo denuncie y activa un plan: contacta con Villarejo, entonces comisario de Policía adjunto a la Dirección Adjunta Operativa de la Policía, para que hostigue a Pinto y evite que le denuncie, usando para ello los medios que tiene a su alcance como comisario en activo.
La campaña de hostigamiento incluyó presuntas amenazas por teléfono en la que le decían: “Puta no te acerques a López Madrid, me vale madres [sic] llevarte por delante” o “te vamos a matar”; visitas en persona a su consulta; seguimientos y vigilancias; contactos con su hijo en la puerta del colegio e, incluso, dos agresiones con arma blanca.
Estas agresiones tuvieron lugar una el 13 enero de 2014, cuando la mujer estaba en el interior de su vehículo parado en la calle y un desconocido se introdujo en la parte trasera del coche y le clavó un objeto en el hombro mientras le decía “estás indefensa” y la otra el 10 de abril del mismo año, cuando Pinto iba en su automóvil con su hijo y, tras bajarse para buscar el alzador para el niño, Villarejo la abordó y le hizo supuestamente un corte en el abdomen por encima de la blusa con un instrumento cortante mientras profería la expresión “López Madrid quiere que cierres la boca”.
Las llamadas en un principio eran anónimas y con voz distorsionada y se hacían al número móvil de Pinto y al fijo de su domicilio familiar, pero después también empezó a recibir llamadas a su otro número personal de móvil desde otros teléfonos correspondientes a tarjetas prepago adquiridas con identidad falsa que iban cambiando cada poco tiempo.
La Fiscalía sostiene que el 10 de diciembre de 2013 ambos acusados se reunieron en las oficinas de Cenyt, grupo empresarial de Villarejo, y a continuación se dirigieron a la consulta de la médico. Allí, según el fiscal, hostigaron de nuevo a Pinto. Le advirtieron de que le estaban vigilando y de que la policía vendría a visitarla si no cesaban las denuncias. Diez días después, y durante más de una semana, la víctima fue amedrentada de nuevo «reiteradamente» por personas desconocidas «que actuaban por encargo de los acusados».
Según la Fiscalía, todos estos actos estaban dirigidos a alterar el sentimiento de seguridad y paz de la mujer «tratando de impedirla actuar libremente». Y ello porque las acciones que de manera «insistente» y «reiterada» realizaron los acusados pusieron de manifiesto que la víctima estaba siendo vigilada y perseguida y que, además, «alteraron gravemente la vida cotidiana» tanto de ella como de su familia, «teniendo que contratar seguridad privada, sus hijos dejaron de ir al parque y dejó de conducir durante al menos seis años».
Los mensajes amenazantes hacia la mujer continuaron hasta principios de 2015. Entre ellos están los siguientes: «Puta loca judía», «sabes que quien nos paga se fue a ver tranquilo el partido a Lisboa en un avión privado mientras tu permaneces encerrada? Recuerda: dinero y poder! Estas muerta!» o «que tu hijo estuviese delante no fue un accidente…Dolor…Mas y más dolor…Les has cambiado de cole crees que es mas seguro?».
El Ministerio Público ha destacado que la doctora denunció su situación de hostigamiento hasta en 15 ocasiones, que han desembocado en un juicio para el que aún no hay fecha. Además de esta causa penal, en la Audiencia Nacional el juez del caso Villarejo ha propuesto juzgar a ambos por la contratación del comisario, que habría supuesto un delito de cohecho.
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