La Fiscalía del Tribunal Supremo ha tomado una decisión sobre el caso Dina y no se pronunciará todavía sobre si se debe o no imputar a Pablo Iglesias por el caso Dina. Después de debatir durante días la postura a adoptar, el equipo de fiscales que han analizado la exposición razonada en la que el juez Manuel García Castellón solicitaba la apertura de una causa penal contra el vicepresidente segundo del Gobierno consideran que ese informe no está completo.

El Ministerio Público ve indicios de delitos de revelación de secretos y daños informáticos y considera que debe ser el juez instructor del caso Villarejo quien pida la comparecencia de la exasesora del vicepresidente Dina Bousselham y de su marido como testigos para comprobar si otorgan por una parte su perdón al líder de Podemos .

Los fiscales explican en un informe que sí ven indicios de que Iglesias pudo cometer dos de tres delitos que le atribuye el juez García Castellón en la causa sobre el robo del móvil de su exasesora Dina Bousselham, descubrimiento y revelación de secretos, si bien creen que es necesario hacer más diligencias para “acreditar” esos hechos.

No ven elementos, sin embargo, para acreditar la existencia del delito de denuncia falsa y dicen que los hechos que relata García Castellón respecto de la existencia indiciaria de este delito están “repletos de valoraciones que no se revelan lógicas sólidamente”.

La fiscal ponente indica explican en el texto que la Fiscalía Anticorrupción solicitó al menos dos veces, en mayo y septiembre de 2020 nueva declaración de Dina para concretar su posición. «Tanto Bousselham, como (Ricardo) De Sa Ferreira deben ser oídos. En concreto deberá concretarse por Bousselham, respecto de estos hechos: Si le pidió permiso o autorización Pablo Iglesias, el día 20 de enero de 2016, para que examinara sin restricciones el contenido de su tarjeta de memoria. En caso negativo, si manifiesta ahora que consiente, tolera y acepta que aquél hubiera entrado en el conocimiento de todos los documentos, fotografías, incluidas las íntimas y personales, archivos y comunicaciones contenidos en la tarjeta de su titularidad, pues de haber conocido que iba a hacerlo le hubiera otorgado su expreso consentimiento», destaca.

«En el actual estado de la investigación es necesario seguir practicando diligencias para acreditar los hechos, entre ellas la ampliación de la prueba pericial para poder concretar cuáles son las causas que impiden acceder a la información de la tarjeta, cual fue el sistema o la técnica empleada para proceder al borrado, eliminación, deterioro, inservibilidad o inaccesibilidad de los archivos que la tarjeta contenía, y si es posible proceder a la recuperación de todos estos datos y fecha del último acceso», agrega el escrito.

Sin embargo, los fiscales consideran que no se puede acusar a Iglesias de denuncia falta. Indican que los hechos que relata el juez Castellón que atribuye al presidente una ocultación de datos para obtener intereses partidistas «están repletos de valoraciones que no se revelan lógicas sólidamente».

La citación de Bousselham es una diligencia que han solicitado en Anticorrupción y que ha sido rechazada por el instructor, que propuso que fuera el Supremo quien lo hiciera una vez imputara a Pablo Iglesias.