En 2019, Isabel Diaz Ayuso presentaba su declaraciones de bienes ante la Asamblea de Madrid donde se recogía que tenía ahorrados 10.124,58 euros en el banco, que era la propietaria de un Golf GTI, y un piso ubicado en la capital. La presidenta madrileña reconocía que aceptó la donación del piso en el año 2011 por parte de su padre, quien se encontraba endeudado con la entidad semipública sin ánimo de lucro Avalmadrid.
El pasado mes de octubre la Asociación Libre de Abogadas y Abogados (ALA) ha decidido llevar ante el Tribunal Supremo a Isabel Díaz Ayuso y presentaba una querella contra nueve personas, entre ellas la presidenta madrileña, por un presunto delito de alzamiento de bienes en el conocido como caso Avalmadrid, a pesar de que Ayuso siempre ha negado que existiese cualquier actuación irregular por su parte.
El origen de los hechos se encuentra en un crédito de 400.000 euros que la entidad semipública Avalmadrid concedió a la empresa MC Infortécnica SL, que tenía ocho accionistas, entre ellos los padres de Ayuso. La operación se firmó el 15 de marzo de 2011 y los ocho accionistas se convirtieron en avalistas solidarios del préstamo, lo que les obligaba a responder de la devolución del dinero con todos sus bienes presentes y futuros, tal y como informaba infoLibre.
Cuando MC Infortécnica tenía que realizar el primer pago del préstamo de Avalmadrid el 15 de diciembre de 2011, la empresa ya había quebrado. Isabel Díaz Ayuso ya era consciente de que la empresa de sus padres no podría devolver el dinero y así lo puso ella misma por escrito en un correo que envió al entonces director de Relaciones Institucionales de Avalmadrid, Carlos Ramos Juárez, el 14 de septiembre de 2011.
Tras asumir que la empresa no podría hacer frente a sus obligaciones con Avalmadrid, los padres de Ayuso y sus hijos orquestaron una donación para transferir a Isabel la propiedad de un piso en el centro de Madrid y a su hermano Tomás una vivienda unifamiliar en un pueblo de Ávila con el objetivo de evitar que los inmuebles fuesen embargados como garantía del crédito, unas operaciones que, según la querella de ALA, son constitutivas de un delito de alzamiento de bienes.
Inadmisión de la querella
Sin embargo, La Fiscalía del Tribunal Supremo ha presentado ante la Sala Segunda del órgano judicial un informe por el que solicita la inadmisión de la querella interpuesta por ALA contra Ayuso por el presunto delito de alzamiento de bienes, que podría acarrear penas de hasta seis años de prisión y multa de 12 a 24 meses.
En un escrito del 26 de octubre, al que ha tenido acceso Europa Press, el fiscal Javier Zaragoza ha pedido que se acuerde la inadmisión de la querella y “el archivo de las actuaciones” ante la “manifiesta ausencia de elementos indiciarios que acrediten que los hechos que se le imputan a la aforada puedan ser constitutivos de delito, declarándose igualmente incompetente para la investigación relativa a los restantes querellados”.
ALA sostiene que Díaz Ayuso “actuó de manera activa” para la obtención de información “privilegiada y confidencial” respecto a terceros, adelantándose de esta forma a las transmisiones del resto de socios, que perfeccionan el presunto delito de alzamiento de bienes.
Mientras tanto, para el Ministerio Público “resulta obvio” que en el presente caso no concurre indicio fundado alguno que soporte la presunta participación de Díaz Ayuso en el hecho delictivo objeto de la querella. La Fiscalía ha subrayado que la dirigente “ni tuvo relación o participación alguna en la actividad de la sociedad Infortécnica SL, ni se benefició en modo alguno del crédito-aval concedido por Avalmadrid a esta sociedad, ni puede ser considerada deudora en relación con el impago de ese crédito, lo que excluye la posibilidad de ser considerada autora material del delito.
El fiscal Zaragoza ha explicado que, para fijar con carácter indiciario la presunta participación intencional de la ahora presidenta madrileña en el hecho delictivo que se relata, aunque sea a título de cooperadora necesaria, “sería necesario, en primer término, que por los órganos naturales de la jurisdicción ordinaria se depurara y se investigara la realidad del hecho punible y las responsabilidades de los autores del mismo”.
Por lo tanto, “únicamente” en el caso de que en el curso de esa previa investigación judicial se aportaran a la causa penal “elementos indiciarios inequívocamente incriminatorios” de la “intervención dolosa e intencional” de Díaz Ayuso en el delito de frustración de la ejecución mencionado, “podría plantearse, vía exposición razonada del juez de instrucción ordinario, la exigencia de responsabilidades ante el órgano judicial competente por razón del aforamiento”.
“En síntesis, la querella debe ser rechazada respecto a la presidenta de la Comunidad de Madrid al no concurrir indicios de que haya participado presuntamente en la comisión de hecho delictivo alguno, careciendo de competencia este tribunal respecto a los restantes querellados”, ha señalado el representante de la Fiscalía.
Denuncia de Más Madrid
Más Madrid ya había interpuesto anteriormente una denuncia según la cual el crédito se concedió con una garantía hipotecaria sobre una finca situada en Sotillos de la Adrada (Ávila) y con el aval solidario de los socios de la propia empresa.
La Fiscalía Anticorrupción archivó la denuncia en noviembre de 2019 al no apreciar indicios de delito para investigar las sospechas por un posible alzamiento de bienes, administración desleal o por tráfico de influencias.
Comisión de investigación registrada por el PSOE, Más Madrid y Unidas Podemos
El caso sobre las presuntas irregularidades en las operaciones de préstamo realizadas por Avalmadrid llegó también a la Asamblea de Madrid en una comisión de investigación registrada por el PSOE, Más Madrid y Unidas Podemos. La comisión concluyó que hubo “irregularidades” en el préstamo que la entidad concedió en 2011 a MC Infortécnica.
Tal y como recogía infoLibre, las tres formaciones pusieron sobre la mesa un texto conjunto que carga con dureza contra la actuación de Ayuso en relación con el aval concedido a MC Infortécnica. “Consideramos grave la intervención de la actual presidenta de la Comunidad de Madrid ante diferentes cargos en Avalmadrid en defensa de los intereses de su familia, inclusive tras haber accedido al acta de diputada autonómica”.
Además, la propuestas consideraba también que la entidad semipública “no realizó una correcta valoración de los riesgos” a la hora de conceder y aprobar los avales para la firma de material sanitario. Además, los tres grupos políticos califican como “extremadamente grave” que los recursos humanos y materiales de Avalmadrid “se pusieran a disposición” de la propia Ayuso “con el objetivo de suministrarle información confidencial” con la “intercesión” de Eva Piera Rojo, quien fuera miembro del Consejo de Administración de Avalmadrid y viceconsejera de Economía del Gobierno madrileño.
De la misma manera, calificaban de “extremadamente grave” que la presidenta “actuara en conjunto a diversos cargos” de la entidad semipública, donde el Gobierno regional aporta en torno al 30% del capital, “para traspasar los bienes de sus padres en favor de terceros, incluida ella misma, con el objeto de no cumplir con las obligaciones adquiridas”.
La oposición considera que en el proceso de recuperación de la deuda de MC Infortécnica se han producido “una gran cantidad de irregularidades que demuestran una evidente dejación de funciones por parte de diversos órganos de la empresa”. “La falta de diligencia y vigilancia ha generado un importante perjuicio económico que pudiera haberse evitado simplemente con un cumplimiento estricto de los protocolos de recuperación de deudas establecido por la entidad”, concluían las tres formaciones al respecto.
Decimocuarto intento frustrado de “perseguir” a la presidenta
El consejero de Presidencia, Justicia e Interior, Enrique López, considera que el hecho de que la Fiscalía del Tribunal Supremo haya remitido a la Sala Segunda un informe donde solicita inadmitir la querella contra Isabel Díaz Ayuso, interpuesta por la Asociación Libre de Abogados, es el decimocuarto intento frustrado de “perseguir” a la dirigente madrileña.
El Gobierno madrileño ve en la querella contra Ayuso el decimocuarto intento frustrado de “perseguir” a la presidenta. “Estamos ante una muestra más de la frustración de un nuevo intento fruto de la persecución político-judicial que sufre la presidenta Isabel Díaz Ayuso desde que ejerce el cargo de presidenta. Ya estamos ante el caso sería decimocuarto, si no me falla la memoria, en el cual se ha presentado una querella contra la presidenta y ha sido archivada”, ha dicho.
López ha criticado el nuevo “intento torticero de utilizar la acción de la Justicia para perseguir política y judicialmente a la presidenta Isabel Díaz Ayuso”.
