La jueza del Juzgado de Instrucción número 17 de Valencia ha decidido procesar al expresidente de la Generalitat Francisco Camps, al que fuera su vicepresidente Vicente Rambla, al exconseller de Infraestructuras Mario Flores y a cargos del Ente Gestor de la Red de Transporte y Puertos de la Generalitat (GTP) y empresarios; en la causa por la construcción del circuito urbano de la Fórmula 1 en Valencia.

Sobre Camps, la jueza sostiene que «impulsó» y «permitió» la construcción del circuito, «con la única intención de proyectar su imagen» como máximo representante de la Comunitat, «al margen de las funciones propias» de su competencia de presidente; de la legislación aplicable y «utilizando indebidamente los fondos públicos, alterando datos y fechas en documentos de expedientes administrativos, dándose trato de favor a determinadas empresas que resultaban beneficiadas de adjudicaciones públicas por donaciones y entregas de dinero no hechas de modo altruista, sino con carácter finalista, para obtener como contrapartida adjudicaciones irregulares».

En total, hay 16 procesados mientras que la instructora ha acordado el archivo del caso para otras 17 personas, entre ellas, el que fuera secretario autonómico de Deportes y ex secretario general del PP, David Serra, y la asesora del expresidente Belén Reyero, trabajadores y representantes legales de otras constructoras y empresas.

La magistrada señala en el auto de incoación de procedimiento abreviado, que alcanza esta decisión tras el resultado de las diligencias de investigación e instrucción practicadas; las declaraciones de investigados y testigos; informes de Guardia Civil y Policía; documental procedente de los registros o requerida a la administración y el informe de la Intervención de la Generalitat, que revelan indicios «suficientes, sólidos, razonables y consistentes» contra Camps por prevaricación, malversación y falsedad documental; cohecho y/o tráfico de influencias.

En el auto, la jueza da traslado al Ministerio Fiscal y la Abogacía de la Generalitat para que en diez días formulen escrito de acusación, pidan apertura de juicio oral, el archivo de la causa o soliciten la práctica de diligencias complementarias. La resolución no es firme, por lo que cabe la interposición de recurso.

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Coste cero y mordidas

La magistrada recuerda como el expresidente Camps «publicitó el coste cero» de este gran evento y proyecto emblemático, cuando lo cierto es que «no hubo tal coste cero, sino una merma para las arcas públicas con la utilización indebida de fondos públicos», a lo que añade que dicha merma se produjo «favoreciendo a empresas a las que se eligió al margen del procedimiento legalmente establecido de concurso público».

Con respecto a la segunda vía de investigación, el cobro de presuntas mordidas a las empresas adjudicatarias, dice el auto que José Mayor Oreja pagó según la declaración del que fuera mano derecha de Camps Ricardo Costa, 150.000 euros en dinero negro. Sustenta esta afirmación no solo en la declaración de Costa, sino en el hecho de que este empresario de FCC también aparece como donante del partido en los papeles de Bárcenas.

La magistrada también involucra en estos pagos en B a las empresas Cyes y Hormigones Martínez. De la primera habla de una entrega en efectivo de 200.000 que habría realizado su presidente, Felipe Almenar, a la caja B de Orange Market, empresa de la trama Gürtel, mientras que de la segunda explica que las ‘donaciones’ se hicieron a través de facturación falsa.