La Delegación del Gobierno en Madrid ha prohibido todas las concentraciones el 8 de marzo en la capital de España. El Gobierno argumenta que las posibles confluencias y los desplazamientos que se iban a ocasionar en un período de tiempo relativamente corto han sido las principales razones para suspenderlas.

El delegado del Gobierno, José Manuel Franco,  ha explicado que había convocadas hasta 104 manifestaciones, el 70% de las cuales era para reivindicar el Día Internacional de la Mujer. Por motivos de salud pública, se ha abortado cualquier posibilidad de concentración masiva en la calle.

«Lo que ha pasado es que ha habido una acumulación de concentraciones previstas. Solo entre domingo y lunes había 104 de manifestaciones, no que el número fuera de 500 personas por concentración. Había de todo tipo, había reivindicativas y de otro tipo que nada tenía que ver con el 8M. Lo hemos hecho desde el máximo rigor, teniendo en cuenta los recorridos, los lugares de celebración y dada la situación sanitaria de Madrid… tenemos las UCI por encima del 40%, hemos pedido informes a Sanidad y a la Policía y no es caprichosa ni contradictoria. Si alguien hay defensor de los derechos de la mujer es este delegado del Gobierno y este partido», explicó el delegado a La Ser.

Irene Montero, ministra de Igualdad, ha reaccionado a la decisión de la Delegación del Gobierno. «Debemos hacer caso a las recomendaciones sanitarias, qué duda cabe, pero esto no significa que no sepamos el señalamiento a las mujeres, a la lucha feminista por parte de quienes tienen una agenda reaccionaria», ha explicado.

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Franco y la diferenciación entre manifestaciones

Llama la atención que José Manuel Franco haga una diferenciación tan grande entre la manifestación del 8M y, por ejemplo, la manifestación negacionista en la que los asistentes ni siquiera portaban mascarilla. De ello se ha hecho eco Miquel Ramos, que ha publicado un vídeo de una entrevista en Café y Parole, de Telemadrid, en el que expone la doble moral del delegado:

«Durante el periodo del estado de alarma se han consentido manifestaciones de todo tipo», explicó el delegado. «Se exigía que se mantuviesen las medidas adecuadas de seguridad en todo momento, medidas de salud pública», apuntaba José Manuel Franco.

«Es más -aclaraba-, durante el estado de alarma hubo algunas delegaciones del Gobierno que prohibieron manifestaciones y luego la justicia le dieron la razón a los convocantes y esas manifestaciones se realizaron».

«Una vez que se inicia la manifestación esta -haciendo referencia a la manifestación negacionista celebrada en Madrid-, la policía hace lo que a mi juicio tiene que hacer: hace el perímetro, impidió ocupar las calles adyacentes y en cuanto ve que hay muchas personas sin mascarilla intenta identificar al mayor número posible de personas sin ella», señaló Franco.

«Si en aquel momento llegásemos a disolver la manifestación, hubiese sido peor el remedio que la enfermedad, porque esa gente se hubiese dispersado», finalizó el delegado.

Indignación por el trato desigual del 8M ante la ultraderecha

Resulta llamativa también esta decisión de frenar en seco las manifestaciones del 8M mientras se permitió en Madrid bares abiertos, metros abiertos y tiendas llenas para no perjudicar la economía. Y más que llamativo, resulta ofensivo que se permitiesen manifestaciones contra la Ley Educativa, contra el propio Gobierno, o incluso manifestaciones fascistas.

Todas las plataformas feministas habían anunciado su intención de hacer encuentros controlados y no masivos para evitar el contagio en un contexto de pandemia, por lo que sería fácilmente controlable si se tuviese intención de permitir estos actos.

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Uno de los actos permitido que más pueden ofender al movimiento feminista y a los ciudadanos y ciudadanas que apoyan la libertad de reunión y de manifestación es el que el 13 de febrero se permitió un homenaje neonazi a la División Azul en el que saltó a la palestra la joven falangista Isabel Peralta con un mensaje antisemita.

La policía acaba de confirmar que Peralta cometió un delito de odio al infringir el artículo 510 del Código Penal, que contempla penas de hasta cuatro años de prisión.

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