El Frente Polisario y el Gobierno de la República Árabe Saharaui Democrática (RASD) consideran que el respaldo del Gobierno de Pedro Sánchez a la propuesta de autonomía de Marruecos para el Sáhara Occidental es una cesión ante el chantaje marroquí, «una desviación peligrosa, que viola la legalidad internacional», que «pretende legitimar la represión, crímenes de guerra, crímenes contra la humanidad y el saqueo de riquezas que persigue Marruecos contra el pueblo saharaui».
En el siguiente comunicado, de seis puntos, el Polisario y el Gobierno saharaui muestran su «enorme asombro» por la decisión del Gobierno de España, potencia administradora de un territorio pendiente de descolonizar y primer responsable del sufrimiento del pueblo saharaui:
1- La posición expresada por el Gobierno español está absolutamente en contradicción con la legalidad internacional.
Las Naciones Unidas, la Unión Africana, la Unión Europea, la Corte Internacional de Justicia, la Corte Europea de Justicia y todas las organizaciones regionales y continentales, todas, no reconocen soberanía alguna de Marruecos sobre el Sáhara Occidental.
También, España, junto con Francia, trazaron las fronteras entre el Sáhara Occidental y sus tres vecinos, Marruecos, Argelia y Mauritania, tiene más responsabilidades jurídicas y políticas que otros en la defensa de las fronteras reconocidas internacionalmente para impedir la expansión marroquí, así como su responsabilidad hacia el pueblo saharaui y las Naciones Unidas. Esta responsabilidad persiste mientras el pueblo saharaui no haya podido ejercer su derecho inalienable a la autodeterminación e independencia.
La posición emitida en ambas declaraciones carece de credibilidad, seriedad, responsabilidad y realismo, ya que constituye una desviación peligrosa, que viole la legalidad internacional, apoya la ocupación, alienta la agresión y la política de los hechos consumados, así como la huida hacia adelante y pretende legitimar la represión, crímenes de guerra, crímenes contra la humanidad y el saqueo de riquezas que persigue Marruecos contra el pueblo saharaui.
Esto se produce en un contexto caracterizado por la gravedad que atraviesa el conflicto del Sáhara Occidental tras la reanudación de la guerra en noviembre de 2020, y el estado de tensión en la zona por la continuación del Reino de Marruecos de sus políticas expansionistas y planes para azotar la seguridad y estabilidad de la región.
2. Este cambio anunciado por el actual gobierno español es el resultado de intensos meses de chantaje marroquí.
Desgraciadamente, en lugar de que Madrid pretendiera restablecer sus relaciones bilaterales con su vecino del sur sobre bases correctas y sólidas, optó por someterse, una vez más, al chantaje marroquí.
3- La posición expresada contiene elementos de suma peligrosidad, como calificar a la propuesta marroquí como “la más seria, realista y objetiva… etc., para resolver el conflicto del Sáhara Occidental”, en claro apoyo al enfoque unilateral, en contradicción con la legalidad y el derecho internacional y la libre práctica democrática por parte del pueblo saharaui en lo referente a su derecho inalienable a la autodeterminación y la independencia.
La declaración del Gobierno español no se quedó ahí, sino que fue más allá a lo más peligroso al referirse al acuerdo de “respeto a la integridad territorial de los dos países”, que, en el contexto del conflicto del Sáhara Occidental, no es nada sino una clara adopción de la tesis expansionista marroquí.
4. Esta posición afecta de forma muy negativa a cualquier posible rol de España en la solución del conflicto de descolonización en el Sáhara Occidental, y los esfuerzos actuales para reactivar y revitalizar el proceso de paz por parte de las Naciones Unidas. Esperábamos que España, desde la imparcialidad y el sentido de sus responsabilidades legales e históricas, acompañe a las dos partes y al nuevo enviado personal para reanudar el proceso político. Es lamentable que Madrid opte, una vez más, por someterse al chantaje marroquí y acabar con la esperanza que existía, alimentando la tensión y la escalada.
5- A pesar de todo ello, España no puede desligarse unilateralmente de sus responsabilidades jurídicas frente al Sáhara Occidental y su pueblo, ya que es la potencia administradora del territorio pendiente de descolonización. Tampoco puede dar la espalda a sus responsabilidades políticas, ya que es el primer responsable del sufrimiento del pueblo saharaui y de todos los pueblos de la zona, que hasta ahora no han podido disfrutar de la estabilidad debido a la herida que ha dejado España en 1975, y que sigue envenenando las relaciones de los pueblos y países de la región.
6- El pueblo saharaui, su Gobierno y el Frente Polisario hacen un llamamiento urgente a las fuerzas políticas españolas y a todos los pueblos de España, para que presionen al Gobierno español con el fin de corregir este grave error, y obligar a Madrid a asumir sus responsabilidades, que no desaparecen con el tiempo: acabar con el colonialismo en el Sáhara Occidental de conformidad con la Carta de las Naciones Unidas, especialmente en lo que respecta al ejercicio del derecho de los pueblos colonizados a la libre determinación y la independencia.
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