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Asunción, 2 jul (EFE).-Jubilados del sector público se movilizaron este martes frente al Ministerio de Hacienda, en el centro de Asunción, para exigir la actualización de sus pensiones y la puesta en marcha de un seguro de salud pública que les dé cobertura sanitaria cuando llegan al retiro.

Hombres y mujeres de la tercera edad, algunos en silla de ruedas, se presentaron frente a la sede ministerial y denunciaron que el presidente de Paraguay, Mario Abdo Benítez, ha incumplido sus promesas de la campaña electoral, que culminó con su victoria en las elecciones de abril del pasado año.

Armados con botellas de agua y sillas plegables, aseguraron que no se moverán de las inmediaciones del ministerio hasta que no obtengan un compromiso oficial por parte del titular de la cartera, Benigno López, para aumentar sus rentas.

Reclaman que sus pensiones se actualicen automáticamente al menos cada tres años, de acuerdo al Índice de Precios del Consumo (IPC) y de forma equivalente a las variaciones que perciben en el sueldo los funcionarios en activo.

El portavoz del Primer Sindicato de Funcionarios del Ministerio de Hacienda, Santiago Tulio, explicó a Efe que el sistema de pensiones de los trabajadores públicos de Paraguay es «muy perjudicial», ya que se calcula con un promedio de los últimos cinco años de vida laboral.

De acuerdo a sus datos, cerca de 10.000 funcionarios jubilados cuentan con una pensión que no alcanza el sueldo mínimo de Paraguay, que este lunes se fijó en 2.192.839 guaraníes (353 dólares).

Tulio subrayó las dificultades que tienen los jubilados para llegar a fin de mes, a pesar de que la actualización de las pensiones es un derecho que está reconocido en la Constitución paraguaya de 1992, en su artículo 103.

«El Estado nunca aportó ni un solo guaraní. Esta caja funciona solamente con nuestros recursos pero estos recursos, que son nuestros, no los administramos», lamentó.

En ese sentido, el portavoz del sindicato denunció que el Gobierno está utilizando la caja de las pensiones de los funcionarios públicos para sufragar otros gastos como la jubilación de los docentes.

«Están violando la Ley de Transparencia porque deberían informarnos de qué están haciendo con nuestro dinero», indicó.

Asimismo, Tulio señaló las dificultades que tienen los trabajadores públicos para hacer frente a los gastos sanitarios y a la compra de medicamentos cuando se retiran, por lo que reclamó que se instaure un seguro sanitario para ellos.

Con el objetivo de abordar esta situación, se ha conformado una mesa negociadora entre el Ministerio de Hacienda y las cinco organizaciones sindicales que se han sumado a las denuncias de los funcionarios jubilados.

«Hasta que ellos no nos garanticen que van a cumplir y van a hacer los estudios para actualizar automáticamente nuestro haber jubilatorio, la gente se va a quedar acá y va a venir más y más», agregó Tulio.

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