Ivan Olmedo

La actual pandemia COVID-19 será un antes y un después en el siglo XXI y desde luego será recordada durante décadas. Esta crisis nos está mostrando numerosas cuestiones –viejas y no tan viejas- que tendríamos que tener en cuenta en esta sociedad post COVID-19. Hoy pretendo tratar una de ellas, la atribución de responsabilidades en el ámbito electoral y lo relacionaré con las próximas elecciones autonómicas catalanas. Hasta este momento no se conoce cuándo Quim Torra convocará elecciones, aunque lo que está claro es que esta legislatura está muerta. 

En cualquier caso, los terribles efectos sociales y económicos de la pandemia podrán verse reflejados en estos futuros comicios bajo una clásica y repetitiva cuestión en los momentos de crisis en un sistema de gobierno representativo: ¿ha actuado correctamente el Gobierno, concretamente, el Govern de la Generalitat de Catalunya? Más allá de la respuesta que demos, según la teoría del voto económico, los electores premiarán o castigarán al partido del gobierno –votándole o no votándole- en función de si la situación económica es buena o mala. Básicamente el mecanismo causal consistiría en que los votantes evalúan la actuación del gobierno usando una serie de datos y, en consecuencia, adecúan el sentido de su voto. En este sentido, podríamos pensar que si el votante percibe que el Govern de la Generalitat no ha actuado correctamente será castigado y no votará a ERC y a JxCat.  Ahora bien, todo esto no es tan sencillo como parece. 

En esta operación de evaluar la situación económica y atribuir responsabilidades al gobierno operan una serie de factores que “difuminan” la responsabilidad. Un claro ejemplo de esto sería el rebrote del virus en Lleida: unos echan la culpa a la Generalitat de Catalunya, otros al Ayuntamiento y otros al Gobierno del Estado. Más allá de quién tiene la “culpa”, un factor que dificulta la atribución de responsabilidades es la descentralización territorial. El tener, al menos, cuatro niveles de gobierno –local, autonómico, estatal y de la Unión Europea-, así como muchas competencias compartidas entre sí, no ayudan a establecer adecuadamente la atribución de responsabilidades. Otro factor serían las coaliciones de gobierno: el hecho de que haya varios partidos en el gobierno, como es ERC y JxCat, difumina en cierto modo la responsabilidad. A estos factores “institucionales” se les ha de sumar otro crucial: la ideología. En Cataluña además del eje ideológico izquierda-derecha, tenemos el eje españolismo-catalanismo. Como es de esperar, aquellos votantes más acordes a la ideología del partido del gobierno serán más benevolentes con el Gobierno que no aquellos con una ideología distinta. Un independentista tenderá a valorar mejor la actuación del Govern de la Generalitat a diferencia de un no independentista; en este sentido, no es sorprendente que, por ejemplo, Pilar Rahola desde el inicio de la crisis haya atacado ferozmente la actuación del Gobierno Central.

En definitiva, si presuponemos que la pandemia es un antes y un después en el siglo XXI, dudo que lo sea así para estas futuras elecciones autonómicas. De momento las encuestas dan como ganador a ERC, seguidos por JxCat y PSC. La cuestión nacional seguirá estando totalmente presente y esto lo podremos ver en esta atribución de responsabilidades en relación con la gestión de la pandemia COVID-19. Unos culparán al Gobierno Central, otros al Govern de la Generalitat y otros a los dos. Con esto no estoy abogando –ni mucho menos- por la centralización, ni por los gobiernos monocolor y, evidentemente, el fin de las ideologías, pero hemos de tener presente estos hechos a la hora de analizar el comportamiento electoral en estos comicios. En todo caso, en este artículo he señalado brevemente este fenómeno que, a mi modo de ver, no deja de ser una manifestación de la frase célebre de Adenauer –olvidada comúnmente entre la izquierda- según la cual en Política lo importante no es tener la razón, sino que se la den a uno.