Redacción

La diputada de Izquierda Unida Eva García Sempere ha reprochado hoy en el Congreso a los responsables del Ministerio del Interior que los Centros de Internamientos de Extranjeros (CIE) “se han convertido en los principales ‘agujeros negros’ de la democracia de este país”, tal y como trasladó directamente al subsecretario de Interior, Luis Aguilera Ruiz, durante su comparecencia en la comisión parlamentaria de este departamento en la que respondía a diferentes preguntas de la oposición.

García Sempere se interesó por saber “cuáles son los motivos por los que el Gobierno ha anunciado que quiere abrir tres nuevos CIE, en Málaga, Madrid y Algeciras” para sumar a los siete existentes. “Organismos internacionales -dijo-, asociaciones de derechos humanos y los grupos que conformamos este grupo confederal venimos reclamando el cierre de los CIE por la vulneración de derechos humanos que se lleva a cabo en ellos”.

La parlamentaria malagueña de IU insistió en que “no sólo es que estemos en contra de que se detenga a la gente por migrar, por cometer una falta administrativa acerca de su documentación, sino que estos CIE se han convertido en los principales ‘agujeros negros’ de la democracia. El anuncio de querer abrir otros tres, francamente, chirría y asusta, sobre todo teniendo en cuenta los antecedentes”.

Para ilustrarlo, recordó algunos de estos ‘antecedentes, como el hecho de que el CIE de Zapadores cerrara en 2016 tras constatarse “la existencia de chinches desde 2014. Pero no sólo no se ha arreglado el problema, sino que además 39 internos denunciaron ante un juzgado ausencia de baños, agua fría, palizas y humillaciones constantes”. Narró también como el CIE de Zona Franca “ha estado envuelto en una fuerte polémica por las dudas sobre si puede cumplir unas mínimas condiciones humanitarias, que no es cualquier cosa”.

El CIE de Barranco Seco -prosiguió- fue objeto de un auto el 31 de julio de 2015. Desde Las Palmas de Gran Canaria se detallan múltiples violaciones de derechos humanos, incluyendo la discriminación existente hacia las mujeres internas”.

En esta línea, García Sempere recordó también que “un informe elaborado por las universidades de Barcelona, Valladolid, Valencia y Pontificia, en junio de 2015, relataba algunas de las deficiencias que apreciaron en el CIE murciano de Sangonera y en el de Algeciras. Finalmente, el CIE de Aluche, en Madrid, fue denunciado por numerosas entidades y ONG debido a la vulneración de los derechos de las personas recluidas y las deplorables condiciones en que subsisten, tal y como constataba la Comisión Europea de Ayuda al Refugiado en su informe de 2016”.

La diputada andaluza detalló también al alto cargo de Interior con amplio conocimiento de causa que “un CIE que afortunadamente ya no está abierto, se consiguió que cerrara con la fuerte presión ciudadana y de numerosas organizaciones, es el de Capuchinos, en Málaga. Numerosas organizaciones denunciaron la vulneración de derechos humanos, así como la defensoría del pueblo andaluza y española, colectivos sociales e incluso el propio Ayuntamiento de la ciudad, en el que en aquel momento, igual que ahora, gobernaban ustedes. Este centro fue famoso por ser donde en tiempos de José María Aznar se sedó a 103 inmigrantes que se encontraban allí internados procedentes de Melilla para facilitar su deportación”.

Alertó de que “huelgas de hambre, incendios y suicidios jalonan la historia de este CIE y, en general, de todos” Apuntó también que los CIE de nuestro país “según las denuncias continuas de acreditadas organizaciones sociales, académicas e, incluso, de autos judiciales, se han conformado desde su creación como espacios públicos opacos, donde no se garantizan los derechos”.

Ya en un breve turno de réplica, Eva García Sempere rechazó algunas de las afirmaciones del subsecretario de Interior para justificar la existencia de este tipo de centros. Le indicó que parece que tampoco son “una herramienta de lucha demasiado útil contra la inmigración legal” y aportó un dato contundente para demostrarlo: “según el Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura, de las más de 7.500 personas encerradas en estos centros en 2016, ni siquiera el 30 % ha sido expulsada”.

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