La extrema derecha de Vox va dejando claro su pensamiento intolerante y antidemocrático según va avanzando la legislatura 

Fulgencio Coll Bucher, General del Ejército, jefe del Ejército de Tierra entre 2008 y 2012 y actual portavoz de Vox en el Ayuntamiento de Palma de Mallorca, cree que Pedro Sánchez es “un problema para la seguridad nacional” y que “los poderes del Estado”, a los que no identifica, “no deben permitir” que el presidente del Gobierno en funciones “ponga impunemente en peligro la legitimidad institucional del Estado” o negocie “una reforma del Estado de contenido y alcance desconocidos […] para quebrar el orden constitucional. Y ese es un comportamiento”, apostilla, “que ni es legítimo ni se puede consentir de un presidente del Gobierno”.

Estas acusaciones están incluidas en en un artículo que, bajo el título “Pedro Sánchez, un problema para la seguridad nacional”, publicó Coll el pasado miércoles en la edición local de El Mundo de Baleares. El texto está teniendo gran difusión entre militares y grupos de extrema derecha, comentado como reacción al reconocimiento de la inmunidad de Oriol Junqueras o la acreditación como eurodiputado de Carles Puigdemont.

Coll llega a cuestionar en el artículo la legitimidad de la actual representación política del Congreso que debatirá la investidura de Pedro Sánchez, alegando que “un número desproporcionado de partidos con representación afecta a la legitimidad» o que «un sistema de partidos caduca cuando su reemplazo no es consensuado”, por lo que propone aplicar un porcentaje mínimo de votos a nivel nacional para entrar en el Congreso y cuestiona la legalidad de los partidos independentistas catalanes. Parece que el sistema que le gustaría a Coll sería el del partido único y un Gobierno centralizado, algo que vivimos lamentablemente durante 40 años.

“España está políticamente enferma desde hace años”, diagnostica, y continúa “con Rodríguez Zapatero se abrió una época de políticos de segunda generación, que confunden la política con la técnica electoral, la frivolidad con algo consustancial a la acción de gobierno, la obsolescencia ideológica como base del pensamiento político y el adanismo como principio de actuación sin poseer experiencia vital”, escribe.

Coll acusa a Sánchez de “confundir una situación de insurgencia organizada con una alteración del orden público”, en alusión a los altercados en Cataluña tras la sentencia del procés; de poner “en peligro a los miembros de la seguridad del Estado para no caer en riesgos políticos» durante aquellos tumultos; de considerar “opcional su promesa de defender la Constitución”; o de caer “en la utilización de medios y actos de Estado como propaganda electoral. Todo ello”, concluye, “puede constituir actos contra la seguridad del Estado”.

A continuación, recuerda que el artículo 102 de la Constitución permite que, a iniciativa de la cuarta parte de los diputados y por mayoría absoluta del Congreso, el presidente del Gobierno sea acusado ante la Sala Segunda del Supremo “por traición o cualquier otro delito contra la seguridad del Estado”.

Tras asegurar que el mayor problema de España es «que la conducta de una persona ponga impunemente en peligro la legitimidad institucional del Estado”, asegura que Pedro Sánchez “busca una satisfacción personal sin reparar en que el daño institucional es evidente, pues va a negociar una reforma del Estado de contenido y alcance desconocidos con una minoritaria representación para quebrar el orden constitucional. Y ese es un comportamiento que no es legítimo, ni se puede consentir, de un presidente del Gobierno”.

“Los poderes del Estado”, indica, “no deben permitir esta actuación lesiva y [deben] proceder a constatar si la conducta del candidato incurre en responsabilidad criminal. Estamos ante un problema de seguridad nacional”.