Carmen Molina Cañadas
Bióloga y coportavoz de EQUO


Con la gentrificación cambia de aspecto y desaparece el vecindario de los centros históricos de las ciudades con potencial turístico. Con el tiempo esta perturbación en la dinámica urbana se acaba extendiendo como una mancha de aceite hacia los barrios periféricos, provocando incrementos en los precios de alquiler y compra, de viviendas y locales, pudiendo acabar generando una burbuja inmobiliaria y un grave problema de acceso a viviendas dignas de los más pobres, de los jóvenes y de los ancianos.

Los vecinos se ven expulsados no sólo por la carestía que genera la gentrificación, sino también por la pérdida de equipamientos y servicios que lleva asociada, sobre todo para niños y ancianos. Esto supone una pérdida de diversidad urbana que dificulta mucho la habitabilidad y sostenibilidad de la vida de las personas que habitan los centros urbanos. El desalojo del pequeño comercio es en beneficio de grandes cadenas, que expulsan y provocan el cierre de los pequeños negocios especializados en suplir las necesidades de los que habitamos la ciudad. Se produce pues, una desorganización de las comunidades vecinales y del entramado de relaciones que sostiene y configura un espacio urbano habitable. Así que no sólo es un problema de vivienda sino también de pérdida y muerte lenta de la propia ciudad que empieza a transmutarse en un parque de ocio para visitantes itinerantes cada vez más artificioso.

La gentrificación es un ejemplo más del resultado injusto de aplicar los dictados de la economía capitalista globalizada a la ciudad y sus habitantes. Obedece a intereses ajenos a la comunidad residente, con efectos devastadores para las dinámicas urbanas de la ciudad. La premisa de partida es lograr el “máximo beneficio”, en este caso especulando con la vivienda, que deja de ser un derecho para convertirse en una mercancía con la que ganar dinero, compitiendo deslealmente también con modelos de alojamiento turístico reglados y mejor integrados en nuestras ciudades. Y cabe preguntarse: ¿quién maximiza beneficios? ¿quién gana y quién pierde? ¿Es posible en este capitalismo que especula con los derechos, que nadie pierda? ¿o acabaremos perdiendo todos?

No se puede confundir el proceso especulador de la gentrificación, con procesos de renovación urbana en los centros con el objetivo de sanear la ciudad, aunque suele generarse tras esta renovación auspiciada desde lo público. Sus resultados son, primero, la vivienda-mercancía y luego la ciudad-mercancía. Su fin es la explotación turística para extraer grandes plusvalías a través de la puesta en valor del entorno arquitectónico y patrimonial de la ciudad a costa de expulsar y limitar, de facto, los derechos de los ciudadanos, en su sentido etimológico.

Las grandes plusvalías que produce la gentrificación son el principal motor del proceso que suele seguir una dinámica establecida: primero se da una etapa de descapitalización y desvalorización de la zona, que permite grandes diferencias entre el valor del suelo del sector degradado y el valor potencial que por su ubicación podría tener. Una vez iniciado el proceso, el efecto de contagio se encarga de expandirlo. La rehabilitación o reconstrucción adecúa las viviendas a un estándar elevado de vida. Las viviendas son demolidas casi o en su totalidad, pero estructuralmente todavía conservan su “encanto”, falseando el patrimonio o apoyándose en el paisaje del conjunto. Que el gentrificador compre la vivienda o la alquile no supone ninguna diferencia para el proceso.

En Málaga, por ejemplo, un estudio que propició el grupo municipalista Málaga Ahora demuestra que esto ya ha ocurrido en su centro histórico con resultado devastador. La población de la almendra histórica, la zona en el interior de la antigua muralla, se ha reducido a poco menos de 5.000 habitantes, menos del 0,9 % de la población. Los residentes han sido expulsados para convertir el área en una atracción turística con bares, terrazas, hoteles, alojamientos transitorios, museos, tiendas de suvenires, etc. A lo largo de la transformación se produce un forcejeo entre la escueta comunidad de vecinos resistentes y el poder económico que acaba imponiendo su yugo.  Se va perdiendo el comercio tradicional y todo lo que era original y que mantenía la riqueza local en el territorio. En el centro de Málaga ahora sólo queda, restauración, nueva hostelería y franquicias.

Este ejemplo evidencia que, si no se regula el mercado de la vivienda, acaba ganando el mercado financiero especulador e invasivo. Cada vez más capital financiero se está dirigiendo a inversiones especulativas en el mercado inmobiliario en todas las ciudades globales. Por eso, las ciudades más afectadas están aprobando medidas dirigidas a reducir el efecto negativo de plataformas como Airbnb que actuando sobre un mercado residencial, sobre todo de alquiler, lo trasmutan en turístico. Sobran ejemplos que muestran que el mercado no se autorregula y que la falta de regulación del acceso a los bienes a los que tienen derecho los ciudadanos es injusta y genera desigualdad. Hay que blindar el derecho de acceso a la vivienda en condiciones razonables, porque los alquileres de viviendas no pueden superar los salarios mínimos. ¡No puede ser! no se puede pasar de pagar un alquiler de 400 € a 1.200, como en el caso de Pepi en Madrid cuyo desahucio se acaba de paralizar por la acción ciudadana por quinta vez.  Si no lo hacemos no habrá sostenibilidad urbana y nuestras ciudades acabarán/seguirán centrifugando a sus vecinos. Los ayuntamientos tienen que ser competentes y valientes para enfrentar esta amenaza y estar claramente del lado de los ciudadanos, no convertirse en gestores de servicios para parques de atracciones urbanos. Hay que dotar de recursos a los poderes públicos para que tengan un peso decisivo en el mercado inmobiliario local y así evitar y revertir estas situaciones, que son injustas y causan sufrimiento.

A modo de ejemplo miremos como Viena ha abordado la gentrificación. El encarecimiento del precio del suelo, que también amenaza la capital austríaca, ha llevado a los políticos locales, especialmente los ahora gobernantes —socialdemócratas y ecologistas— a mantener un precio del metro cuadrado para que la ciudad siga ofertando hogares de alquiler accesible. El nuevo reglamento u ordenanza, no es una ley contra los negocios inmobiliarios, sino contra la gran especulación. Es decir, se asume que hay que ejercer un cierto control sobre el mercado inmobiliario. Con la presencia del sector público en el área de vivienda y unas rigurosas leyes sobre el alquiler, se consigue que la gentrificación se ralentice y se controle la especulación. Es una medida puesta en marcha por Los Verdes, a los que, injustamente se les acusa de estar solo preocupados por conflictos ambientales, cuando son muy conscientes de la íntima relación que existe entre lo social y lo ambiental. La lucha por hacer posible la vida en la ciudad a precios asequibles está también claramente vinculada al cuidado del medioambiente y la explicación es clara. Cuando no hay viviendas en el mercado con precios asequibles en la ciudad, la gente se marcha a las afueras, la ciudad se extiende y dispersa, se generan ciudades dormitorios y el uso del automóvil es imprescindible.  Se potencia, en suma, un estilo de vida que no es ecológico ni sostenible; por lo que medidas como estas, en políticas de vivienda urbana hacen falta por su interés social pero también por su interés ecológico.

Las ciudades más vivibles son las compactas y diversas y por eso tenemos también que parar la gentrificación. La Nueva Agenda Urbana aprobada en Quito, plantea la urgencia de cambiar los modelos actuales de crecimiento urbano, afrontando los desafíos del cambio climático y la resiliencia. Busca promover ciudades más incluyentes, compactas y conectadas. Un dato: sólo un 13% de las ciudades del mundo gozan de vivienda asequible. Así que, hay que garantizar un derecho -el acceso a la vivienda- factor clave de la equidad y cohesión social, y también hay que limitar el crecimiento exponencial de la superficie urbanizada. La expansión física de las ciudades ha crecido varias veces más que la población que las habita y eso ha supuesto el crecimiento exponencial de las demandas de movilidad, la pérdida de suelos de alto valor agrícola, ecosistemas y paisajes. Además, sigue en aumento el porcentaje de la población mundial que vive en ciudades.

Así que, como conclusión: es imprescindible resistir a los fenómenos gentrificadores excluyentes y para eso tanto los ciudadanos como los poderes institucionales debemos estar alerta y actuar. Los ciudadanos deben pelear por el derecho a la vivienda y por espacios de participación real que nos permitan intervenir de forma efectiva en el desarrollo de la ciudad que queremos. La Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) es un buen ejemplo de un activismo comprometido y efectivo de lo primero y la lucha de la plataforma de un Bosque Urbano para Málaga (BUM) de lo segundo.

Los poderes y gestores públicos deben garantizar la identidad y calidad de la ciudad como espacio público compartido a través de políticas de planificación y diseño urbano en el que la participación de vecinas sea determinante, educándonos y empoderándonos. La promoción e incremento de parques públicos de viviendas de alquiler es imprescindible y estos deben ser intransferible a fondos buitres.

Hace falta mucha energía social y aportación crítica para conformar una nueva política en materia de vivienda y ciudad. Y esa energía volcarla en la necesaria transición hacia modelos urbanos más sostenibles y menos vulnerables ante la crisis social, financiera, energética y climática.

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