En una sorprendente decisión, Jorge Fabra, la voz más autorizada en el Ministerio de Hacienda en lo que respecta a la gestión de los fondos europeos, ha presentado su dimisión en la tarde de este martes. Actualmente, Fabra era director general del Plan y del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia.
El licenciado en Economía ha sido cesado “a petición propia” por el Consejo de Ministros. A pesar de su abrupta dimisión, desde el ministerio aseguran que continuará trabajando en el departamento. Simultáneamente, se ha anunciado que José Ángel Alonso Jiménez, hasta ahora Subdirector General de Sistemas de Información de Fondos Europeos, será su sucesor.
Fabra asumió el cargo en octubre de 2022, sucediendo a Rocío Pontela, quien también dimitió debido a desacuerdos con el Ejecutivo en relación con la gestión de los fondos comunitarios.
Durante su gestión, Fabra enfrentó diversas dificultades en la administración de estos recursos, generando complicaciones para cumplir los objetivos acordados con Bruselas, una situación que persiste actualmente.
La dimisión de Fabra se percibe como una baja sensible en el seno del Gobierno de coalición, que espera que Alonso se convierta en su nuevo hombre de confianza para superar los desafíos que el país enfrentará en los próximos meses.
Este cambio se produce en un momento crítico, ya que la Comisión Europea evalúa si concede el cuarto pago de los fondos a España. El incumplimiento del compromiso acordado con Bruselas respecto al subsidio por desempleo, aprobado por decreto pero sin validación del Congreso tras el ‘no’ de Podemos, está en el centro de esta revisión.
José Ángel Alonso Jiménez, ingeniero de telecomunicaciones, licenciado en Derecho y MBA, asume el cargo en un momento crucial. Hasta ahora, ha desempeñado roles importantes en el ámbito gubernamental, siendo asesor en diversos ministerios y ocupando la posición de Subdirector General de Sistemas de Información de Fondos Europeos desde 2021.
Su tarea inmediata será buscar la aprobación de la Comisión Europea para el desbloqueo de fondos cruciales por un valor de 10.000 millones de euros, una gestión crucial para evitar posibles pérdidas de hasta 700 millones en caso de un fallo en contra.
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