La Inspección de Trabajo ha multado a la empresa Glovo con 8,5 millones de euros por no regularizar los contratos de 1.316 trabajadores de la provincia de Sevilla. La conocida como ley rider se publicó el 12 de mayo, pero las empresas disponían de tres meses para regularizar la situación de su plantilla, entrando así en plena vigencia el 12 de agosto. Su principal objetivo es reconocer la relación laboral entre la empresa y los trabajadores, hasta entonces falsos autónomos, pues la empresa se libraba de sus responsabilidades fiscales y laborales para con ellos, pero a la vez dictaba todo tipo de horarios y condiciones como si fueran trabajadores por cuenta ajena. En definitiva, la empresa se beneficiaba de lo mejor de cada modalidad de trabajo, mientras que el trabajador sufría lo peor.
Con esta multa queda claro que algunas de estas empresas han decidido desafiar directamente una ley, igual que han hecho con los derechos laborales. Desde CCOO de Sevilla, Daniel Moreno ha lamentado que Glovo «haya preferido exponerse a la sanción antes que aplicar la legislación» y ha pedido que se dupliquen los esfuerzos para el cumplimiento de la norma.
Cambio en el algoritmo
Precisamente fue CCOO quien a principios de mes advirtió de que Glovo llevaba tres meses sin cumplir la ley, asegurando que había modificado su algoritmo «con el propósito de rehuir su responsabilidad ante los trabajadores», intentando «eliminar los indicios de laboralidad» de sus repartidores. Denunciaban que estos cambios implicaban «una disminución importante de los ingresos de los trabajadores y los ponen en una situación económica insostenible y asfixiante».
De hecho, desde el sindicato denuncian que precisamente «la reducción de sus ingresos dificulta que puedan hacer frente al pago mensual de su cuota de autónomo y de los pagos trimestrales del IRPF y el IVA, lo cual les obliga, en los casos más extremos, a escoger entre pagar la cuota de autónomo o comprar comida y pagar el alquiler».
Los tejemanejes de Glovo
Por otra parte, ya en agosto, cuando la ley comenzó a aplicarse completamente, muchos riders denunciaron que facturaban menos que antes, pero no por culpa de la norma, sino por el sistema elegido por la empresa. Glovo había previsto mantener al 80% de sus repartidores como autónomos, pero modificó el funcionamiento de la aplicación, incorporando un «multiplicador». Con él, los repartidores son quienes tienen que elegir multiplicar por una franja de entre 0,7 y 1,3 la tarifa base del pedido.
Según denunciaron varios repartidores a EFE, en la práctica esto significa que si aplican el coeficiente mayor, es menos probable que les seleccionen; mientras que si eligen un coeficiente más bajo —facturando así menos por pedido—, aumentan las probabilidades. Por todo esto, más de un centenar de repartidores se concentraron el 16 de agosto ante la sede de la empresa, en el barrio del Poblenou de Barcelona.
La marcha de Deliveroo
La semana pasada también fue noticia la compañía británica Deliveroo, que ha decidido cerrar su negocio en España tras seis años, marchándose el próximo 29 de noviembre. Tras la aprobación de la ley, Deliveroo sí incorporó a su plantilla a más de 3.500 trabajadores y trabajadoras y ahora, con su cierre, los ha despedido vía expediente de regulación de empleo (ERE). Así, obtendrán una indemnización de 45 días por año trabajado.
Algunos medios venden la marcha de Deliveroo como un fracaso y culpan a la ley rider incluso por encima de la elevada competencia en un sector al alza, olvidando deliberadamente que tras seis años apenas se encuentra en el sexto puesto, por detrás de Domino’s y Uber Eats, y muy lejos de Just Eat, el líder del mercado. Si una empresa no quiere cumplir los derechos laborales, debería ser invitada a marcharse de cualquier país, no se la debería siquiera recibir, ya que el empleo que va a generar es precario y esclavo, algo que tampoco activa la economía desde el punto de vista capitalista, ya que esos trabajadores no entran en la rueda de consumo. Pero no solo eso. Tolerar la existencia de estas empresas supone también un acto de competencia desleal, ya que penaliza a aquellas que sí cumplen con la ley.
En su día, muchos medios también vendían las declaraciones de los pocos riders que criticaban la ley, instrumentalizando la necesidad, que puede hacer que alguien defienda la precariedad, aunque le perjudique, para poder ingresar algo de dinero en casa. Ante todo, debe quedar claro que, si un trabajo no respeta los derechos laborales ni el Estatuto de los Trabajadores, no es un trabajo. El neoliberalismo en el mercado laboral espera esclavos, no trabajadores, y es imprescindible combatirlo.
