Por Javier F. Ferrero

Glovo, la plataforma de ‘delivery’, ha anunciado la contratación de 2.000 repartidores en España antes de que acabe 2021 para adaptarse a la nueva Ley Rider y cumplir con el nuevo marco legal, que obliga a las compañías a contratar a estos trabajadores como asalariados.

De esta forma, Glovo iniciará la contratación directa estos repartidores antes de que acabe este año, con horarios y retribuciones fijas y rutas concretas para aquellos servicios que, por su naturaleza, son viables tecnológica y operativamente.

Aviso desde los sindicatos

La Unión General de Trabajadores ya advertía en abril de que desde la finalización de la negociación de la famosa “Ley rider” las plataformas digitales de reparto iniciaron un plan para convertir a algunos de sus repartidores en trabajadores, una decisión que, a priori, podría parecer positiva, sino fuera porque lo han convertirlo en un nuevo fraude, utilizando la externalización de la actividad a empresas que aplican el convenio más barato de España, el de Mensajería.

El sindicato destaca que el convenio de Mensajería es de eficacia limitada, es decir, que fue firmado por el sindicato USO sin tener la mayoría necesaria en la parte social y, por tanto, solo se puede aplicar a los afiliados de este sindicato o aquellas personas que se adhieran a ese convenio.

De manera que el uso de este convenio entre las plataformas constituye un nuevo fraude que afecta directamente a las personas repartidoras y a sus cotizaciones a la Seguridad Social al no aplicarles el salario correcto de los convenios provinciales de Transporte de Mercancías por carretera, que es el convenio que se debería aplicar. Algo que, en el caso de Glovo, quedó confirmado por sentencia firme del Tribunal Superior de Justicia de Madrid.

UGT subraya además que es necesario tener en cuenta que los repartidores siguen utilizando la misma aplicación con la que trabajaban antes y que la organización del trabajo se sigue realizando desde la empresa principal de forma que esta convierte a la subcontrata en una empresa pantalla que le permite burlar la legislación laboral.

El sindicato señala que cada empresa denunciada está experimentando con diferentes empresas de reparto. Por ejemplo, UBER Eats está acudiendo a las empresas que utilizan para su aplicación de Uber conductores. Es decir, las mismas que tienen las licencias VTC ahora, también se dedican a contratar a repartidores de Uber Eats.

Sustituir un fraude con otro fraude

La estrategia de las plataformas es sustituir un fraude con otro fraude, por ello UGT iniciará de nuevo el mismo proceso ante la Dirección General de la Inspección de Trabajo que llevó a cabo en diciembre del 2017.

Esta vez, el objeto de la denuncia no es la regulación de los falsos autónomos sino la subcontratación abusiva con el convenio más barato para que las plataformas sigan teniendo un margen empresarial que les permita la competencia desleal con las empresas que cumplen los convenios colectivos.

En este contexto, la Unión General de Trabajadores exige al Gobierno que se publique de forma urgente la ley rider, de forma que la Administración vigile de cerca la forma en la que estas empresas realizan la transformación contractual.

Se les ha dado un tiempo de cortesía, pero esta no es la forma de cumplir con la ley. Esto es un nuevo fraude y UGT va a abordar esta situación con todas las medidas legales que estén a su alcance para que, al final, todas las personas tengan unas condiciones laborales dignas.

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