El gobernador de Nevada, Steve Sisolak, promulgó este viernes una ley que fija algunas restricciones a las armas de fuego en el estado, y que, entre otros, prohíbe los dispositivos que convierte en automáticos los fusiles semiautomáticos.
«Hoy tomamos medidas audaces para prevenir futuras tragedias», señaló el gobernador en su cuenta de Twitter, con motivo de la firma de la norma AB 291, que fue aprobada en la legislatura estatal, de mayoría demócrata, y contó con la oposición de la poderosa Asociación Nacional del Rifle (NRA, en inglés).
Desde este viernes quedan prohibidos en este estado los dispositivos para rifles semiautomáticos, que los convierte en automáticos, como el que utilizó Stephen Paddock, el estadounidense de 64 años que abrió fuego desde su habitación del piso 32 del hotel Mandalay Bay, sobre una multitud de más de 22.000 personas que asistía a un festival country en Las Vegas, y mató a 58 personas.
La norma además reduce el nivel de alcohol en la sangre permitido a quienes están en posesión de un arma de fuego, y crea también un sistema de alerta a quienes pretendan adquirir armas pero puedan ser considerados como una amenaza para ellos mismos o para la comunidad.
Exige también que los propietarios de armas posean un sistema de almacenaje específico y bajo jurisdicción de esta ley para mantener las armas fuera del alcance de menores de edad o de personas no calificadas para su uso, un aspecto que la NRA señala «haría imposible el uso de armas para defensa personal».
En su página web, la NRA dice que «la legislación carece de fuertes protecciones al debido proceso y contiene regulaciones que con poca evidencia buscan reducir los estándares para eliminar los derechos constitucionales fundamentales».
Para la congresista estatal Sandra Jáuregui, sobreviviente del tiroteo en Las Vegas y quien promovió la medida, se trata más bien de una ley que representa los intereses de la mayoría.
«El 71 % de los votantes creen que la violencia por arma de fuego es un problema grande y hoy les estamos demostrando que los escuchamos y que tomamos acción», dijo Jáuregui con motivo de la firma de la ley, llamada «1 de Octubre».
El Gobernador Sisolak reconoció la labor que hicieron los cuerpos de emergencia y, en especial, los de la oficina del Médico Forense tras la matanza del 1 de octubre de 2017, quienes «tuvieron que ver y hacer cosas que nadie debería tener que ver o hacer nunca».
Por ellos, dijo, se promovió la ley AB 534 que crea un fondo para ofrecer servicios de atención médica psicológica no sólo a los grupos de respuesta inmediata y a los forenses que atienden este tipo de tragedias.
El pasado mes de febrero, Sisolak firmó una ley que expande la obligación de una verificación de antecedentes criminales a los compradores de armas de fuego en este estado.
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