Por Pilar Estébanez
La salud pública en este país tiene una enemiga: la presidenta de Madrid, Isabel Díaz Ayuso y su gobierno. No suelo escribir sobre temas de política nacional pero las circunstancias actuales me obligan a ello. Solemos escribir sobre crisis humanitarias y denunciamos a las personas responsables de ello, gobernantes que ponen sus intereses políticos antes que la salud de la población, y creo que en Madrid está sucediendo esto, precisamente: estamos padeciendo una grave crisis humanitaria, con una cifra de muertes insoportable y que va in crescendo y a pesar de la gravedad de la situación ciertos políticos solo persiguen sus intereses.
En estos días estamos asistiendo a un espectáculo insólito que no tiene parangón en ningún otro país europeo: que un gobierno regional se niegue a coordinar con el gobierno nacional medidas aconsejadas por todos los expertos y científicos nacionales e internacionales que afectan a la salud de los ciudadanos. Un gobierno regional que retrasa la toma de medidas urgentes convocando reuniones, que miente y utiliza subterfugios que solo provocan retrasos en el control de la epidemia. Un gobierno cuya responsable de Salud Pública presentó la dimisión por no aceptar las mentiras de su presidenta.
Nos encontramos en medio de la segunda ola de una pandemia que ha matado a más de un millón de personas en todo el mundo, con los casos multiplicándose y comenzando a saturar los hospitales. Solo Madrid acumula el cuarenta por ciento de los casos de toda España. Tuvimos dos meses para prepararnos para esta segunda ola que los epidemiólogos daban por segura. En otros países se dotó de más medios a los equipos sanitarios y se reforzó el personal sanitario de los hospitales y atención primaria, fundamental como primer dique contra la pandemia. También se contrataron rastreadores para controlar los casos, más profesores y se habilitaron espacios en los colegios para preparar una vuelta segura de los escolares.
Nada de eso se ha hecho en Madrid.
Por el contrario, la atención primaria está siendo desmantelada, los centros de salud funcionan con la mitad o menos de personal; nadie coge el teléfono cuando un ciudadano llama para pedir cita porque se encuentra enfermo o cree que puede tener el virus de la COVID-19. Los rastreadores no existen -Díaz Ayuso prometió contratar 1.500-. Se tarda días en hacer los tests y en comunicar los resultados, y ahora la Comunidad de Madrid ha decidido que solo se realicen esos test a los contactos más cercanos del enfermo, apenas unas semanas después de que hubieran prometido «un millón de PCR» en Madrid. Y nadie sabe que se ha hecho con los 1.500 millones que el Estado asignó a Madrid para combatir la pandemia.
En estos días estamos leyendo artículos sobre Díaz Ayuso y su ineptitud, incompetencia o falta de capacidad intelectual. Pero creo que la cosa es más grave, mucho más grave, además de una posible negligencia criminal. Díaz Ayuso y su gobierno son la punta de lanza de un partido empeñado en saquear este país, en destruir el Estado de Bienestar, en desmantelar todo lo público, en privatizarlo todo. Hay que recordar que uno de los hombres fuertes de Díaz Ayuso es Javier Fernández-Lasquetty, consejero de Hacienda y Función Pública del gobierno de Madrid. Fernández-Lasquetty ya desempeñó el cargo de consejero de Sanidad con Esperanza Aguirre. Este individuo aprobó en 2010 la Ley de Libertad de Elección por la que se empezó a derivar pacientes de la sanidad pública a la privada, recortó el presupuesto de la Sanidad en un 7 %, privatizó servicios en los hospitales públicos y trató de privatizar los centros de salud, intento paralizado por los tribunales tras la presión de la Marea Blanca.
La salud pública en manos de Lasquetty en Madrid
Lo que está haciendo Díaz Ayuso es llevar a cabo los planes diseñados por Lasquetty y cuyo objetivo es derivar el dinero público a multinacionales y empresas privadas. La obsesión de la presidenta de la Comunidad de Madrid ahora es construir un megahospital para pandemias en Barajas. Su gobierno repite el mantra de que el aeropuerto de Barajas es una de las principales vías de entrada del virus en España, contradiciendo los informes de la propia Comunidad: los casos que han entrado por Barajas son irrelevantes: ni llegan al 0,05%.
En ningún lugar del mundo sucede algo semejante. Una se pregunta legítimamente si detrás de la obsesión de construir un hospital innecesario lo que hay en realidad es una gran operación multimillonaria para invertir el dinero público en un negocio del que se beneficiarán empresas privadas. Acordémonos del fiasco de La Ciudad de la Justicia, curiosamente también cerca de Barajas, que promovió el gobierno de Esperanza Aguirre y que se convirtió en un agujero negro que se tragó cientos de millones de euros.
A la pregunta de dónde han ido a parar las partidas que el gobierno de España ha destinado a la Comunidad de Madrid para luchar contra la pandemia -1.500 millones de euros- nadie del gobierno de Madrid responde.
Las medidas que ha ido tomando el gobierno de Díaz Ayuso en estas semanas han sido, cuanto menos, erráticas. Se han cerrado barrios del sur de Madrid con el argumento de que «inmigrantes y pobres no cumplen con las normas» de protección frente a la COVID-19. Ayuso llegó a decir que además en esos barrios la delincuencia era un “problema” y que solicitaba la ayuda del gobierno con más policías para combatirla. Hay barrios del interior de Madrid que tienen tasas de contagio similares a las de los barrios confinados pero no fueron cerrados, por lo que parece que la medida tuvo más de prejuicio social y de aporofobia -rechazo al pobre- que de cumplir criterios de salud pública.
Ante el paso adelante que ha dado el gobierno para tomar las riendas y tratar de controlar la pandemia en Madrid, Díaz Ayuso ha asegurado que acudirá a los tribunales “para garantizar los derechos de los ciudadanos” y sabe lo que dice: ya sabemos de qué pie cojean las instituciones judiciales en este país, como acabamos de ver con ciertas decisiones judiciales, en las que hay delito pero no culpables…
Nos enfrentamos a momentos muy duros en la Comunidad de Madrid, porque estamos asistiendo a la lucha de un gobierno regional por tratar de desgastar al gobierno central sin importarle la suerte de los ciudadanos. Y lo que hay detrás ya lo sabemos: el objetivo de desmantelar todo lo público, lo social, lo poco que nos queda que nos hace a todos iguales, y que es el derecho a una sanidad universal, pública y gratuita.
Fuente: Actualidad humanitaria
