Este martes, el Consejo de Ministros ha aprobado un real decreto con el que se regularizará la situación de más de 20.000 investigadores e investigadoras de España que tenían contrato de obra y servicio y pasarán a tener un contrato indefinido.
Estos científicos pasarán a tener un contrato indefinido de manera transitoria hasta que se regularice su situación contractual de manera definitiva con la aprobación de la nueva Ley de Ciencia, que todavía se encuentra en trámite parlamentario y está en consonancia con el nuevo marco de contratación previsto en la reforma laboral que entra este jueves en vigor para reducir la temporalidad.
La ministra y portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez, ha señalado en una rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros que: «Lo que hacemos es avanzar el principio que recoge la ley para que los investigadores tengan la condición de contratados indefinidos y así darles seguridad, tranquilidad y, en definitiva, certezas en su carrera profesional».
«Más de 20.000 investigadores e investigadoras están sometidos a especiales dificultades del ámbito de la ciencia en cuanto al empleo y, con este acuerdo, logran estar como indefinidos en el sistema de ciencia, era una demanda muy importante», ha añadido.
El pasado 15 de febrero, la consellera de Universidades, Gemma Geis, reclamó, después de que se hiciera oficial que desaparecería la contratación de obra y servicio, que el ejecutivo resolviera la «chapuza» que suponía no haber previsto una solución específica para este colectivo, que hasta ahora encadenaba este tipo de contratos de forma generalizada en universidades, centros de investigación y en consorcios de nuestro país.
La semana pasada, la ministra de Ciencia e Innovación, Diana Morant, señaló que esta es una solución transitoria a los investigadores con contrato de obra y servicio durante el tiempo en el que ya está en vigor la reforma laboral y hasta que esté vigente la Ley de Ciencia.
«Ese nuevo contrato está adaptado a las singularidades de la ciencia, no está sujeto a la oferta pública de empleo ni a la tasa de reposición de los centros y no va a necesitar autorización previa si la financiación es externa o procede de convocatorias en concurrencia competitiva y, en el caso de los grupos de investigación que continúen con esa financiación, los contratos van a poder ser prorrogados», añadió.
Por su parte, el ministro de Universidades, Joan Subirat, señaló que la medida adoptada tiene como objetivo «dar más garantías a los centros de investigación y universidades en un momento en el que aún no ha entrado en vigor la reforma de la Ley de Ciencia».
«Queremos dar más garantías y que las universidades sigan desplegando su labor científica e investigadora», dijo Subirats, destacando la importancia de la medida para lograr «un sistema de ciencia, investigación y universidad mucho más sólido y más justo» y que «pueda desplegar todo su potencial».
