Este miércoles se registraba en el Congreso de los Diputados el anteproyecto de Presupuestos Generales del Estado para 2021 aprobado el martes y en el que el Gobierno ha introducido una disposición adicional destinada a modificar el régimen de ingresos y gastos de la Fundación de la Santa Cruz del Valle de los Caídos y avanzar hacia su autofinanciación.

A partir del año que viene los ingresos provenientes de la actividad, rendimientos y explotación de los bienes y derechos de titularidad de la Fundación “dejarán de ser contabilizados como ingresos del Consejo de Administración de Patrimonio Nacional, registrándose y contabilizándose como ingresos de la Fundación».

Según especifica la disposición, Patrimonio Nacional cargará a la entidad los gastos que genere el recinto, con excepción del personal de dicho organismo que prestan servicios en él.

Además, la ley prevé que durante el año que viene Patrimonio Nacional hará inventario de los bienes y derechos de la fundación, desvinculándolos de su propio inventario.

El organismo dependiente del Ministerio de la Presidencia lleva años reclamando, sin éxito, las facturas de los gastos a los monjes del recinto, que detallan de forma genérica sus ingresos y gastos pero sin aportar facturas.

En el anteproyecto de ley que este miércoles se presentaba en el Congreso de los Diputados también consta que el Gobierno de Pedro Sánchez ha vuelto a a incluir en los Presupuestos Generales del Estado la histórica subvención de 340.000 euros al Valle de los Caídos.

El actual Ejecutivo no ha podido retirar del proyecto de cuentas públicas esta transferencia que viene realizándose en los últimos treinta y cinco años porque el régimen jurídico de la Fundación no lo permite.

Esta subvención de 340.000 euros que ha venido recibiendo el Valle de los Caídos en las últimas décadas es la mayor ayuda económica otorgada a un real patronato, superando las que perciben el Monasterio de Santa María la Real de Las Huelgas, el Monasterio de las Descalzas Reales o la Real Basílica de Atocha.