La derogación de la reforma laboral del PP es una de las grandes promesas de la coalición que Unidas Podemos y el PSOE sellaron como pacto al llegar al Gobierno.
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha establecido como uno de los grandes retos del gobierno de coalición el «desmontaje» de la reforma laboral actual, herencia del Gobierno del Partido Popular. Sin embargo, descartan cambios a corto plazo. «Las negociaciones llevan su tiempo. Es importante el acuerdo con los agentes sociales», han destacado fuentes del Ejecutivo consultadas por infoLibre.
Además recuerdan que en lo que va de la XIV Legislatura ya son seis las ocasiones en las que Gobierno, patronal y sindicatos han ido de la mano, la última ocasión cuando se dio luz verde a la extensión de los ERTE hasta el 31 de enero.
Pablo Echenique, el portavoz de Unidas Podemos en el Congreso, ha asegurado que el «desmontaje» de la reforma laboral impulsada por el PP «va a ser absoluto» y confía en la labor que va a realizar al respecto la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz.
La cuestión de la reforma laboral ha generado situaciones de tensión y diferentes posturas entre los socios de Gobierno de coalición en cuanto al alcance y tiempos para ejecutar los cambios.
En mayo, PSOE, Unidas Podemos y EH Bildu acordaron derogar de manera íntegra la reforma laboral de 2012 aprobada por el PP y se comprometieron a hacerla efectiva antes de que finalizasen las medidas extraordinarias adoptadas por el Gobierno derivadas de la crisis originada por el Covid-19.
PSOE matizó que los cambios no se realizarían íntegramente sino que se limitarían únicamente a tres puntos, mientras Pablo Iglesias señalaba que la reforma laboral sería derogada al completo y no parcialmente.
El secretario de Sociedad Civil de Podemos y coportavoz de la Ejecutiva, Rafa Mayoral, señaló que su formación quería derogar la reforma laboral «lo antes posible».
Mientras los sindicatos aprietan para comenzar a derogar parte de la reforma laboral del 2012 antes de acabar el año, la patronal no es partidaria hasta una vez superada la pandemia y la apretada agenda legislativa del Gobierno en materia laboral parece que complicará que las mesas de diálogo social se reabran antes de febrero.
El Ministerio de Trabajo tiene entre manos «volcar» la sentencia del Tribunal Supremo en la que determina que los repartidores de Glovo operan como falsos autónomos y debieran ser asalariados.
Además el Gobierno tiene pendiente abordar con los agentes sociales la revisión para el 2021 del salario mínimo interprofesional fijado actualmente en 950 euros.
Asimismo los agentes sociales deben acometer con el Gobierno la quinta renovación de los ERTEs de la covid, que vencen el próximo 31 de enero.
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