El jueves pasado, un juzgado de Barcelona admitió a trámite la querella interpuesta por el presidente del Parlament de Cataluña, Roger Torrent i Ramió, y el diputado autonómico Ernest Maragall i Mira, por el espionaje de sus teléfonos móviles con el programa Pegasus en 2019.

Amnistía Internacional ha documentado cómo el uso del programa Pegasus, un software que puede tomar el control del teclado, la cámara y el micrófono del teléfono móvil, se ha utilizado ya contra un amplio sector de la sociedad civil, que abarca al menos 24 activistas de derechos humanos, periodistas y miembros del Parlamento de México; los activistas saudíes Omar Abdulaziz, Yahya Assiri y Ghanem Al-Masarir; el periodista de investigación marroquí Omar Radi, el galardonado activista emiratí de los derechos humanos Ahmed Mansoor, el disidente saudí Jamal Khashoggi, y una persona empleada en Amnistía Internacional, entre otros. Esta información no ha sido refutada por NSO group.

NSO Group tiene un preocupante historial en relación a la vigilancia digital, por lo que Amnistía Internacional ha pedido al Ministerio de Defensa israelí la revocación de la licencia de exportación de NSO Group, quien ha hecho caso omiso del creciente número de datos que vinculan a esta compañía con ataques contra defensores y defensoras de los derechos humanos, revocación que fue rechazada por un tribunal de distrito de Tel Aviv el pasado mes de julio.

Mientras no haya transparencia en torno a las prácticas empresariales de NSO Group así como garantías de que el proceso de concesión de licencias de exportación del Ministerio de Defensa israelí se atiene a las normas y prácticas internacionales, los productos de esta empresa seguirán facilitando la persecución de activistas de derechos humanos.

Amnistía pide transparencia