PSOE y Unidas Podemos han llegado a un acuerdo en el Gobierno para paralizar los desahucios sin alternativa habitacional a familias vulnerables mientras dure el estado de alarma, según informan fuentes de la Vicepresidencia de Derechos Sociales y Agenda 2030. El decreto vigente finaliza el próximo 31 de enero y con esta extensión la coalición ha pactado prolongar el freno hasta mayo.
La decisión de ampliar la normativa antidesahucios que se aprobó en mayo y se prorrogó luego en dos ocasiones (actualmente estaba vigente hasta el 31 de enero) colma una de las pretensiones de Unidas Podemos, que llegó a presentar una enmienda a los Presupuestos para lograrla. Esa maniobra no tuvo éxito en el Parlamento, pero sí se ha llegado a buen puerto en la mesa de negociación, donde faltan por definir “cuestiones de técnica legislativa” y otros detalles.
Las familias vulnerables no podrán ser desahuciadas mientras no exista la posibilidad de que sean realojadas en otra vivienda. Las comunidades autónomas serán las encargadas de ofrecer esta alternativa habitacional, que será siempre «una vivienda digna (por ejemplo, no podrá ser un albergue)«, según han indicado estas mismas fuentes.
El lanzamiento de la vivienda no podrá ejecutarse «hasta que sus ocupantes no tengan garantizado el realojo«. La condición de vulnerabilidad la concederán los servicios sociales a través de un informe vinculante que los tribunales «tendrán que solicitar obligatoriamente» en caso de que los afectados aleguen vulnerabilidad.
El pacto también incluye a las «familias en precario» que estén en viviendas de los llamados grandes tenedores -propietarios de más de una decena de viviendas-. En este caso, las comunidades autónomas tendrán un plazo máximo de tres meses para buscar una nueva vivienda para estas familias vulnerables.
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