El Real Decreto-ley que pretende aprobar la cobertura social a la ciudadanía, como el Ingreso Mínimo Vital, incluye una medida que permite que el Estado se endeude para devolver el dinero aportado por tres bancos para indemnizar a la a la ex-concesionaria EscalUGS-ACS, parte propiedad de Florentino Pérez, por la paralización del fallido almacén de gas del caso Castor.

El Ejecutivo incluyó esta autorización para indemnizar a Caixabank, Bankia y Banco Santander en el real decreto «de medidas financieras de apoyo social y económico y de cumplimiento de la ejecución de sentencias», que entró en vigor el pasado 29 de diciembre y se someterá al examen del Congreso en el Pleno extraordinario de este jueves.

Atendiendo a la demanda de las tres entidades financieras, el Tribunal Supremo obligó al Estado a pagar los 1.350 millones que los bancos adelantaron en su día para compensar a la constructora. «A dicha cantidad hay que añadir los intereses compensatorios desde la fecha de la presentación de la reclamación hasta la fecha de notificación de la sentencia, sin perjuicio de los intereses legales que pudieran corresponder a partir de la citada notificación de conformidad con la normativa vigente», añade el decreto.

Asimismo, para atender a su pago, la norma contempla que «se hace necesario acudir en parte al endeudamiento al no disponer el Fondo de Contingencia de recursos suficientes para financiarlo». Esto es, el Gobierno aprueba una ampliación del crédito por 638 millones de euros con cargo a deuda pública.

Desde la plataforma ‘Caso Castor grupo ciudadano’ denuncian la «deplorable operación política del Real Decreto-ley que pone en el mismo saco el Salario Mínimo Vital y otras medidas para las personas con el rescate de las injustificables deudas contraídas para librar de sus deudas a ACS de Florentino Pérez por su inversión fallida del Castor».

caso castor

El decretazo del caso Castor

El Grupo Ciudadano Caso Castor (impulsado por ODG y Xnet) ya presentó el pasado 11 de noviembre una Proposición de Ley que se ha registrado en el Senado por parte de Compromís en la que da una solución para que las deudas de ACS no las pague el Estado -o sea, una vez más, la ciudadanía- sino ACS. Con el nuevo RD se permite suscribir deuda a cuenta de las arcas públicas para la devolución del dinero aportado por la banca para ‘indemnizar’ a la ex-concesionaria.

La Plataforma ciudadana pide a los partidos no convalidarlo y votar a favor de tramitarlo como proyecto de ley con carácter de urgencia para poder presentar una enmienda elaborada desde la sociedad civil que propone que este importe sea restituído por la ex-concesionaria.

En la Proposición de Ley presentada por el Grupo Ciudadano Caso Castor, de acuerdo con la Ley 9/2017 de contratos en el sector público, deben restituirse el dinero recibido, debiendo EscalUGS -conformada por ACS y Dundee Energy-, retornar a ENAGÁS la indemnización percibida junto con los intereses y daños y perjuicios pertinentes, para que, a través de esta entidad, el Estado pueda así honrar su deuda con las entidades financieras acreedoras.

La Proposición de Ley prevé el inicio de un procedimiento por el cual se recupera la cantidad abonada por ENAGÁS a la concesionaria Escal UGS ya que el Tribunal Constitucional anuló el contrato que generó la deuda, por lo que esta no debe recaer sobre el Estado y en consecuencia sobre la ciudadanía. «En la Proposición pormenorizamos la situación económica de ACS de Florentino Pérez y demostramos la viabilidad de que asuma las deudas contraídas con el fracaso del Castor. Y más habiendo repartido dividendos en plena pandemia», señalan desde la plataforma.