El Gobierno ha reconocido a través del BOE un importe de 80.664.725€ a los titulares del derecho de cobro del fallido almacén de gas Castor.

Esta cantidad acabará repercutiendo sobre los consumidores finales a modo de un incremento en las facturas debida al incremento en los peajes. Los importes recogidos en las facturas de los consumidores irán directos para cubrir esos derechos de cobro sobre la indemnización.

El Observatorio de la Deuda en la Globalización y el Grupo Promotor del Juicio Popular al Proyecto Castor han criticado ya la multimillonaria indemnización a pesar de la sentencia del Tribunal Constitucional. Florentino Pérez, señalan las entidades en un comunicado, sale “inmune, incluso de las sentencias del Tribunal Constitucional” y lamentan que “casi 100 millones de euros” vayan destinados al pago “de un proyecto-estafa que nunca ha entrado en funcionamiento y que ocasionó más de mil sismos en la zona”. Las dos entidades rechazan que un año más, igual que ocurrió en 2016 y en 2017, se publique esta aprobación de los peajes del gas “detrás del sigilo y la inactividad de las fechas navideñas”.

El Tribunal Constitucional ya había anulado el procedimiento por el que estableció una indemnización de 1.350,7 millones para las empresas promotoras (entre ellas ACS, cuyo presidente es Florentino Pérez) del proyecto de almacén de gas de Castor. La compensación se fijó mediante un Real Decreto Ley de medidas del sistema gasista que el Gobierno aprobó en 2014, y es precisamente este procedimiento lo que el tribunal considera inconstitucional.

La Disposición también contempla otros 15,7 millones de euros en concepto de mantenimiento de la instalación del Proyecto Castor, ahora abandonada, que también será cargada en la factura final de los consumidores.

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