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Xan Pereira Castro

El Gobierno deberá presentar Los presupuestos generales del Estado ante el Congreso al menos tres meses antes de la expiración de los del año anterior“, se trata de una cita textual de la Constitución Española que el Partido Popular se ha saltado deliberadamente.

 

El Partido del Gobierno ha decidido unilateralmente no someterse a ese debate y prorrogar los presupuestos del 2017, evitando se esa forma una más que segura derrota parlamentaria. Lo peor de todo es que confirma este punto al afirmar que esta será su estrategia hasta el final de legislatura, seguir prorrogando las cuentas y evitando enseñar las cartas de sus planes económicos.

Destinar dinero público fuera de los presupuestos no aprobados es algo que el PP ya empezó a ensayar con partidas millonarias dedicadas a armamento en 2012, cuando era ministro Pedro Morenés.

El Ministerio de Defensa facilitó información sobre los contratos firmados por el Estado español, unos 140 desde el año 2001, con compañías armamentísticas. Del informe se desprendía que desde 2011 se habían adjudicado 32 contratos a empresas en las que Morenés había sido consejero o representante.

Esta situación le supuso al PP un serio varapalo del Tribuna Constitucional. En julio de 2016 el alto tribunal sentenció que los decretos eran inconstitucionales y calificó como “singular” la técnica empleada por el ejecutivo de Rajoy para aprobar gastos fuera de la cuenta general de gasto.

Dado entonces el historial reciente, ¿podemos esperarnos algo parecido los dos años que quedan de legislatura?

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