Este lunes 21 de junio, una moción de censura ha hecho caer al Gobierno de Suecia, una coalición de Socialdemócratas y Verdes liderada por el primer ministro Stefan Löfven, con 181 votos a favor, 109 en contra y 51 abstenciones.

Tras la votación, Löfven tiene una semana para convocar elecciones anticipadas, que deberían celebrarse en un plazo máximo de tres meses, o renunciar y dejar al presidente del Parlamento para que abra las negociaciones para formar un Gobierno alternativo. De todos modos, la solución tendrá una vigencia corta, ya que la Constitución sueca establece que unas elecciones extraordinarias no eximen de celebrar los comicios ordinarios cada cuatro años y las elecciones nacionales están marcadas para septiembre de 2022.

Todo empezó cuando el Gobierno presentó un proyecto de ley para suspender la regulación de los precios de los alquileres en las viviendas de nueva construcción. El Partido de Izquierda, no firmó ese acuerdo y, aunque permitió la formación del gobierno con su abstención, avisó desde el principio de que estaba dispuesto a hacer caer al Ejecutivo si reformaba el modelo sueco de control de los alquileres y ha cumplido con su promesa.

Löfven había ofrecido negociar a los inquilinos y propietarios hasta el 1 de septiembre sobre cómo debían fijarse los alquileres en los pisos de nueva construcción. Sin embargo, la líder del Partido de Izquierda, Nooshi Dadgostar, rechazó la propuesta al considerar que sólo se buscaba retrasar el proceso y señaló que la única forma de evitar la moción de censura sería retirando la propuesta de encima de la mesa.

El Gobierno socialista de Suecia fue tumbado tras intentar suspender el control de alquileres
El Gobierno socialista de Suecia fue tumbado tras intentar suspender el control de alquileres

El Partido de Izquierda ofreció al Gobierno un plazo de 48 horas para que reconsiderara el nuevo proyecto de ley y el jueves Dadgostar, advertía que «el Partido de Izquierda ya no tenía confianza en el primer ministro sueco».

Pasado el plazo del ultimátum, el Partido de Izquierda anunció la retirada de su apoyo y la intención de presentar una moción de censura, aunque quien acabó presentándola fue el partido xenófobo Demócratas de Suecia, a la que se unieron los otros dos partidos de derechas, Conservadores y Democristianos, a pesar de que ambos son favorables a la reforma.

Así, la votación de este lunes ha dejado una imagen histórica: la unión de fuerzas del Partido de la Izquierda con sus archienemigos políticos, que, además, podría derivar en la formación de un Gobierno alternativo de derechas.

Tal y como informa El Confidencial, según la legislación sueca actual, los propietarios no pueden fijar el precio que les plazca, sino que deben negociarlo con la Asociación Sueca de Inquilinos (Hyresgästföreningen) y la reforma impulsada por el Gobierno proponía liberalizar los alquileres, aunque solo en las viviendas de nueva construcción, de manera que los dueños pudiesen establecer uno acorde con el precio de mercado.

El precio de las viviendas depende del denominado ‘valor de utilidad’, que se calcula en función de las características de la vivienda y su localización. Con la ley que ha acabado por tumbar al Ejecutivo, el propietario no estaría atado a ese ‘valor de utilidad’ y podría subir el alquiler anualmente según la inflación y aumentarlo significativamente en caso de que se produzca algún cambio importante, como, por ejemplo, si  se produce una mejora en el barrio.

En Suecia, las colas para obtener un contrato de alquiler de primera mano pueden alargarse durante años por lo que muchos inquilinos acaban viviendo subalquilados, con un beneficio para los primeros inquilinos. Y mientras los partidos de centro y de derecha argumentan que liberalizar el alquiler estimulará la construcción de vivienda y contribuirá a reducir la escasez actual, el Partido de la Izquierda y la Asociación Sueca de Inquilinos, alertan de que dejará a los inquilinos desprotegidos.

Además, aseguran, que esto supone el primer paso para la desregularización del alquiler en general, aunque el Gobierno ha insistido en que la reforma afectará solo a las viviendas de nueva construcción, es decir, el 1% de los nuevos contratos de alquiler firmados cada año en Suecia.

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