Este martes en el Consejo Territorial de Servicios Sociales y Atención a la Dependencia, con el apoyo del Ministerio de Derechos Sociales de la mayoría de las comunidades autónomas, se acordó elevar las ayudas y las horas de atención a domicilio para las personas dependientes.
En concreto, se ha acordado establecer una cuantía mínima entre 100 y 200 euros en forma de prestaciones dirigidas a atender a las personas en situación de dependencia, así como un incremento de las cuantías máximas hasta los 455,40 euros mensuales en el caso de las ayudas para cuidados en el entorno familiar.
Tal y como ha señalado el Ministerio de Derechos Sociales en un comunicado, actualmente no hay ninguna cuantía mínima para las prestaciones económicas del Sistema de Atención y Autonomía a la Dependencia, lo que se traduce en ayudas muy reducidas e incluso cercanas a los cero euros.
A 31 de octubre de 2022, de las 703.000 personas que recibían prestaciones económicas, en 61.400 casos la cuantía que se percibe es inferior a 100 euros al mes y en 27.750 se reciben entre 0 y 50 euros al mes.
El proyecto de Real Decreto propone por ello que tanto las prestaciones económicas relativas a los cuidados familiares, vinculadas al servicio, como las de asistencia personal cuenten con una cuantía mínima de 100 euros en el grado I de dependencia, 150 euros para el grado II, y 200 euros para el grado III.
Se ha acordado también aumentar las cuantías máximas. De este modo, las prestaciones económicas para cuidados en el entorno familiar se incrementarán en un 17,65%, pasando de 153 a 180 euros mensuales en el caso del grado I de dependencia; de 268,79 a 315,90 euros en el grado II y de 387,64 a 455,40 euros en el caso del grado III.
Además, las prestaciones económicas vinculadas al servicio se incrementarán, con carácter general, un 4,5%. Asimismo, en el caso de la prestación económica vinculada al servicio de atención residencial, se equipara la cuantía máxima del grado II a la que corresponde al grado III (747,25 euros) y en la prestación económica vinculada al servicio de centro de día, se iguala la cuantía máxima del grado I a la que corresponde al grado II (445,30 euros).
También se incrementan en un 4,5% las prestaciones económicas para asistencia personal, y la cuantía del grado II se iguala a la correspondiente al grado III. De este modo, las prestaciones para el grado I pasarían de los 300 euros a los 313,50; las del grado II aumentarían de 426,12 a 747,25 euros, y en el caso del grado III, las ayudas subirían de 715,07 a 747,25 euros.
Según los últimos datos disponibles, de aplicarse hoy estas medidas se verían beneficiadas 700.000 personas.
Horas
Por otro lado, se ha acordado incrementar el número de horas mínimas de ayuda a domicilio. En el caso del grado I, se pasaría de un máximo de 20 horas mensuales a una horquilla de entre 20 y 37 horas; de entre 21 a 45 horas a entre 38 y 64 horas para los dependientes de grado II, y de entre 46 a 70 horas actuales para los dependientes de grado III a entre 65 y 94 horas.
También han acordado que las personas con grado I de dependencia puedan recibir atención residencial, dentro del catálogo, y se elimina la limitación de acceso a la atención residencial a los grados II y III que se produjo en 2013.
De acuerdo con las nuevas medidas, el requisito de parentesco y de acreditación de cuidados previos (un año antes de presentar la solicitud) ya no será obligatorio de cara a obtener una ayuda por cuidado en el entorno familiar.
Desde el Ministerio explican que “la eliminación de estas barreras se realiza en coherencia con un modelo de cuidados que pone en el centro las preferencias y la voluntad de las personas y su capacidad de elegir cómo y dónde quieren vivir”.
Por el mismo motivo, se podrán considerar como servicios aquellas prestaciones económicas para cuidados en el entorno familiar que lleven aparejadas un servicio de apoyo al hogar de la persona dependiente, de forma que se descargue a sus cuidadoras.
Por último, la reforma plantea otras modificaciones de menor calado, como la adaptación a la normativa de protección de datos; actualizar la normativa de baremo de valoración de la discapacidad; indicar la teleasistencia como servicio complementario o especificar que los máximos de intensidad del SAAD son ampliables por las comunidades autónomas.
Estos cambios se encuentran dentro del Plan de Choque de Dependencia que está implementando el Ministerio de Derechos Sociales, el cual ha incrementado en 600 millones anuales los Presupuestos Generales del Estado de 2021, 2022 y 2023 para mejorar las prestaciones, reducir las listas de espera y mejorar los apoyos a las personas en situación de dependencia.
