El expresidente andaluz José Antonio Griñán tiene un cáncer diagnosticado como de “alto riesgo” que necesita un tratamiento hospitalario urgente para frenar su expansión y, por ello, ha solicitado a la Audiencia de Sevilla, que este pasado jueves habilitaba diez días para su ingreso voluntario en prisión, que suspenda tal requerimiento de ingreso en la cárcel.
Después de que la Sección Primera de la Audiencia desestimase su recurso de súplica a la denegación inicial de su petición de suspensión de la pena de cárcel de seis años y un día por malversación en la pieza política de los ERE, la defensa de Griñán señala que es posible dictar la suspensión de la privación de la pena de cárcel sin requisito alguno en caso de que el penado esté aquejado de “una enfermedad muy grave con padecimientos incurables”.
El expresidente de la Junta de Andalucía, en conversación con el diario Levante, manifestó que se encuentra sereno y tranquilo y aseguró que si tiene que entrar en la cárcel, “entrará”. Lo que le preocupa es su familia porque él ya lo tiene asumido. Además, se mostró convencido de que llegará hasta el final para poder demostrar su inocencia.
Sin embargo, el informe médico, al que ha tenido acceso Levante y que confirma su enfermedad, recalca con claridad la necesidad de comenzar un tratamiento combinado para combatir el cáncer que ha sido calificado como de “alto riesgo”. A falta de alguna última prueba, el expresidente no tiene metástasis, pero necesita un “tratamiento urgente” para afrontar su enfermedad, que fue diagnosticada hace tan solo ocho días.
La orden de entrada en prisión del expresidente andaluz coincidió con el momento en el que el Senado aprobó la reforma del Código Penal respecto a la supresión del delito de sedición y la rebaja de las penas por malversación. Sin embargo, desde el primer momento, el Gobierno dejó claro que esa reforma no iba a afectar a los condenados en los ERE.
Además del incidente de nulidad presentado por el abogado de Griñán ante el Tribunal Supremo, su familia formuló un escrito para pedir el indulto parcial, del delito de malversación, para el expresidente alegando “razones de humanidad y equidad”, señalando que es “un ciudadano de 76 años con una intachable trayectoria vital” y que “tras más de 40 años al servicio público desde las más altas responsabilidades, jamás ha obtenido remuneración alguna distinta de su sueldo como funcionario”, descartando cualquier “enriquecimiento personal ni familiar”.
La Audiencia de Sevilla dictó un auto que ejecuta la pena de prisión con fecha del jueves y que se enviará este viernes. A partir de ese momento siete de los condenados en el caso ERE: el expresidente de la Junta de Andalucía, José Antonio Griñán, los exconsejeros Carmen Martínez Aguayo, Francisco Vallejo, José Antonio Viera y Antonio Fernández, así como el exviceconsejero Jesús Rodríguez y el exalto cargo de la Agencia IDEA Miguel Ángel Serrano, deben entrar en prisión en diez días naturales, expirando dicho plazo el 1 de enero de 2023.
Solo el viceconsejero de Empleo Agustín Barberá está eximido de la entrada inmediata en la cárcel, al esgrimir argumentos similares a los de Griñán y que la Audiencia accediese a suspender temporalmente la ejecución de su pena de cárcel.
