El SUP, por su parte, ha anunciado acciones legales por «supuestas prácticas ilícitas» en la contratación de la consultora externa si Interior no les da traslado «de manera inmediata» del informe de Ernst & Young. Para ello, ha presentado un escrito ante la Secretaría de Estado de Seguridad.

En otro comunicado, seis asociaciones del Instituto Armado han adelantado que mañana miércoles, aprovechando la asistencia de Grande-Marlaska a su primer pleno del Consejo de la Guardia Civil, «mostrarán su enorme descontento y oposición ante la falta de transparencia en el proceso de equiparación salarial y la falta de confianza que genera el incumplimiento de los acuerdos firmados para el reparto interno».

El pasado viernes, un centenar de guardias civiles secundaron la protesta convocada por estas seis asociaciones frente a la Secretaría de Estado de Seguridad del Ministerio del Interior. Se trata de AUGC, UniónGC, ASES-GC, UO, AEGC y APC.

El 6 de marzo lo hicieron frente a la Dirección General en Madrid, donde pidieron la dimisión del director general, Félix Azón, por modificar de forma «unilateral» el porcentaje del reparto del acuerdo de equiparación salarial del tramo de 2019.

Los guardias civiles han avisado que estudiarán un calendario de movilizaciones y acciones legales si el Ministerio del Interior liderado por Fernando Grande-Marlaska no les da traslado del resultado de la consultoría sobre las cifras exactas de la equiparación salarial. Los representantes de guardias civiles aseguraron que quieren conocer este estudio antes de las elecciones generales del 28 de abril.

Reclaman que se «revierta la discriminación» que conlleva que se haya cambiado el reparto de 250 millones del segundo tramo del acuerdo de equiparación, beneficiando en 2019 con 4,3 millones de euros extras (un 1,72%) a la Policía Nacional sobre los agentes del Instituto Armado. Diferentes organizaciones de la Policía han protestado por el reparto del segundo tramo, destacando las quejas del sindicato de mandos SPP.

En total, el acuerdo fija una subida de 807 millones en tres años, desde 2018 a 2020. Al no haber presupuestos generales, este año se llevará a cabo la subida de 250 millones a partir de la nómina del mes de abril, aplicando para ello el Real decreto-ley para la función pública aprobado en enero. El acuerdo fue firmado siendo ministro del Interior Juan Ignacio Zoido y respetado en sus términos por Grande-Marlaska.

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