Seis asociaciones de guardias civiles han presentado hoy una denuncia en los juzgados de plaza de Castilla contra el Ministerio del Interior por presuntamente incumplir el acuerdo de equiparación salarial firmado hace un año que incluía la elaboración de una auditoría.

Esta ha sido la principal razón para que las principales asociaciones de guardias civiles hayan presentado hoy una denunciado tras las reiteradas peticiones a Interior de que les entregaran el informe de la consultora externa Ernst & Young Abogados.

El fin de dicho informe es cumplir con el acuerdo que se pactó en marzo de 2018 entre el Ministerio del Interior, sindicatos de Policía Nacional y asociaciones de la Guardia Civil, que perseguía garantizar los 807 millones de euros presupuestados para «la equiparación salarial total y absoluta», según el escrito de la denuncia.

Alberto Moya, de AUGC; Guillermo Freire, de UnionGC; José Francisco Silva, de ASES-GC y José Manuel Rodríguez Tobar, de APC han declarado a EFE que no pueden «acceder a la información ni participar en el proceso» de equiparación salarial, pese a que la consultora, «en teoría», ya ha finalizado la elaboración del informe.

Según el Acuerdo de marzo de 2018, reflejado en la denuncia, el estudio realizado por la consultora «contará con la participación de la Guardia Civil y con los Sindicatos y Asociaciones Profesionales», algo que, finalmente, no ha ocurrido, aunque se trate de un «derecho fundamental de asociación».

«Estamos interponiendo una denuncia para depurar responsabilidades» ha asegurado Alberto Moya, que además ha lanzado una pregunta: «¿Quién es el que está obstaculizando todo este proceso?»

Asimismo, los representantes de las asociaciones han lamentado la diferencias salariales entre cuerpos de seguridad con funciones similares, como un guardia civil y un mosso d’esquadra, diferencias que pueden llegar hasta los 900 euros mensuales.

Además, han aludido a su jornada laboral, «mucho mayor» que la de otros policías: «Podemos estar un mes más al año trabajando que un policía nacional», han añadido.

Ahora, la denuncia interpuesta pide una investigación que averigüe si «el retraso en hacer público» el estudio de la consultora pueda tener relación con «presuntas presiones» por parte de la Secretaría de Estado de Seguridad para que la consultora cambiara el «resultado final» de los trabajos.