El pasado domingo, han tenido lugar manifestaciones en coche en más de 50 ciudades para protestar contra la ley Celaá, unas manifestaciones convocadas por la plataforma Más Plurales que aglutina a asociaciones de padres y madres de alumnos, sindicatos, empresas y diferentes colectivos del sector de la educación concertada.
Bajo el lema: “Por el derecho a elegir la educación que queremos” ha tenido lugar la movilización de vehículos en todas las comunidades autónomas, excepto en Cataluña, País Vasco, Canarias y Comunidad Valenciana.
Los organizadores calificaron la norma de “modelo radical” y exigen “mejoras reales” para el personal de los centros educativos, ya que, según ellos, la LOMLOE abandona a los profesionales de la concertada y de la educación especial al no mejorar sus condiciones laborales, además de poner en peligro sus puestos de trabajo.
Además, han explicado que la asignatura de religión es la opción mayoritaria de las familias españolas que la eligen libre y voluntariamente cada año, algo que debería ser respetado.
Los conflictos políticos por la ley Celaá, según Financial Times y RFI
Aunque no ha sido mucha la prensa internacional que se ha hecho eco de la noticia, sí lo han hecho Financial Times y RFI, que han destacado que la nueva norma ha provocado rechazo en la derecha española y un nuevo enfrentamiento entre el gobierno y la izquierda.
Financial Times señala que es la octava reforma educativa en España en cuatro décadas y que siempre han generado conflictos políticos. El diario británico destaca también que la que la Ley Celaá ha desatado una «guerra lingüística» cuyo epicentro está en Cataluña, donde el catalán domina la enseñanza en los colegios.
Su corresponsal añade que la derecha la acusa de violar la Constitución e incluso la RAE se ha pronunciado expresando su preocupación «por cuestionar el uso del español», sin embargo, apunta que se acusa a los que critican la ley de usar el idioma como una excusa para desviar la atención sobre los verdadero pilares de la norma que busca modernizar una enseñanza basada en nivelar el campo entre educación pública y concertada.
Mientras los defensores del español se quejan de intimidación por pedir la enseñanza en castellano y califican de «inconstitucional» la inmersión lingüística, los partidarios del catalán destacan que sus alumnos obtienen mejores notas en lengua y literatura españolas que los del resto del país y que el español no está en peligro sino los idiomas con pocos hablantes.
Por su parte, la radio francesa RFI, destaca el malestar de los tres partidos de derecha que ven la ley como «lo peor de lo peor» y menciona la polémica por el uso del español, pero también los límites a la concertada y otros reproches que le hacen a la ley Celaá como reducir la importancia del español en las aulas frente al catalán o gallego.
Además menciona que la derecha critica también los límites a la educación concertada, que apunta es religiosa pero financiada en parte con fondos públicos, y el cierre de escuelas de educación especial.
