El pasado 28 de febrero, Contrainformación.es informaba de que Juan Carlos de Borbón se adelantó de nuevo a la acción penal con una nueva regularización ante Hacienda. El rey emérito pagó a principios de diciembre 678.393,72 euros para evitar una investigación por delito fiscal por gastos entre 2016 y 2018 con tarjetas nutridas por el empresario mexicano Allen Sanginés-Krause y el pasado mes de febrero hacía un segundo pago a Hacienda que ascendía a 4.395.901,96 de euros.

El montante se corresponde con deudas tributarias derivadas de los ocho millones de euros que Juan Carlos I recibió para vuelos realizados en una compañía de jet privados y que pagó hasta 2018 la fundación Zagatka, propiedad de su primo lejano Álvaro de Orleans.

Ahora,  el rey emérito ha sido notificado por la agencia Tributaria para pedirle más información para poder comprobar la veracidad de las regularizaciones que ha presentado.

Es habitual que las regularizaciones se revisen y se hagan requerimientos posteriores para comprobar su veracidad. Si no basta con un mero requerimiento de aclaraciones, se puede abrir una inspección al respecto.

La apertura de una inspección, adelantada este miércoles por El Español, fue apuntada hace unas semanas por la Ministra de Hacienda, María Jesús Montero, y se considera un paso esperado al ser Juan Carlos I un contribuyente que ha presentado unas regularizaciones de carácter extemporáneo.

El pasado 2 de marzo, Montero negó que haya pasividad en Hacienda en relación con las regularizaciones que ha presentado el Rey emérito y advirtió que estas «no terminan ningún proceso», sino que la Agencia Tributaria actuará como con cualquier contribuyente comprobando si la regularización que ha presentado Don Juan Carlos es «completa y veraz».

La segunda regularización

En relación a la segunda de las regularizaciones, Javier Sánchez Junco, abogado del rey emérito, señaló en una breve nota que esta declaración se realizaba «sin requerimiento previo de clase alguna» y explicaba que la presentación de estas autoliquidaciones complementarias se corresponde con las rentas derivadas de la asunción, por la Fundación Zagatka, de «determinados gastos por viajes y servicios realizados por S.M. de lo que podrían derivar determinadas obligaciones tributarias que han quedado regularizadas».

Juan Carlos I aparecería como beneficiario de Zagatka hasta el pasado mes de junio, cuando la fundación modificó sus estatutos y suprimió a Juan Carlos I y a sus tres hijos como beneficiarios.

La alusión del abogado a la falta de requerimiento previo era importante, ya que el abogado de Juan Carlos I se apoya en las denominadas excusas absolutorias que contempla el artículo 305.4 del Código Penal, según el cual queda libre de responsabilidad «el que regularice su situación tributaria, en relación con las deudas a que se refiere el apartado primero de este artículo, antes de que se le haya notificado por la Administración tributaria la iniciación de actuaciones de comprobación».

A principios del pasado mes de noviembre, Dolores Delgado, fiscal general del Estado, reveló la existencia de una tercera investigación relativa al rey emérito por posibles comisiones procedentes del AVE a la Meca y al expediente sobre las tarjetas opacas. En esta tercera investigación se rastrea la existencia de 10 millones de euros en una cuenta activa en la isla de Jersey que Juan Carlos I habría intentado mover, tras una denuncia del servicio de Prevención de Blanqueo de Capitales (Sepblac).

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