Hacienda notifica al rey emérito que está siendo investigado por sus polémicas regularizaciones de millones de euros

El pasado 2 de marzo, Montero negó que haya pasividad en Hacienda en relación con las regularizaciones que ha presentado el Rey emérito y advirtió que estas «no terminan ningún proceso», sino que la Agencia Tributaria actuará como con cualquier contribuyente comprobando si la regularización que ha presentado Don Juan Carlos es «completa y veraz».

La segunda regularización

En relación a la segunda de las regularizaciones, Javier Sánchez Junco, abogado del rey emérito, señaló en una breve nota que esta declaración se realizaba «sin requerimiento previo de clase alguna» y explicaba que la presentación de estas autoliquidaciones complementarias se corresponde con las rentas derivadas de la asunción, por la Fundación Zagatka, de «determinados gastos por viajes y servicios realizados por S.M. de lo que podrían derivar determinadas obligaciones tributarias que han quedado regularizadas».

Juan Carlos I aparecería como beneficiario de Zagatka hasta el pasado mes de junio, cuando la fundación modificó sus estatutos y suprimió a Juan Carlos I y a sus tres hijos como beneficiarios.

La alusión del abogado a la falta de requerimiento previo era importante, ya que el abogado de Juan Carlos I se apoya en las denominadas excusas absolutorias que contempla el artículo 305.4 del Código Penal, según el cual queda libre de responsabilidad «el que regularice su situación tributaria, en relación con las deudas a que se refiere el apartado primero de este artículo, antes de que se le haya notificado por la Administración tributaria la iniciación de actuaciones de comprobación».

A principios del pasado mes de noviembre, Dolores Delgado, fiscal general del Estado, reveló la existencia de una tercera investigación relativa al rey emérito por posibles comisiones procedentes del AVE a la Meca y al expediente sobre las tarjetas opacas. En esta tercera investigación se rastrea la existencia de 10 millones de euros en una cuenta activa en la isla de Jersey que Juan Carlos I habría intentado mover, tras una denuncia del servicio de Prevención de Blanqueo de Capitales (Sepblac).