Que Harvard contratara a un equipo legal de primera para enfrentarse a la administración Trump no sorprendió a nadie. Lo que sí levantó cejas fue que quienes lideran su defensa son dos juristas con trayectoria republicana: Robert Hur y William Burck. Ambos han estado al servicio del expresidente o de sus círculos más cercanos. Hoy, son quienes redactan y firman las respuestas legales que acusan al gobierno federal de “invadir las libertades universitarias” con un paquete de imposiciones que Harvard no está dispuesta a aceptar.
La disputa estalló tras el congelamiento de 2.300 millones de dólares en financiación federal a la universidad. La administración Trump exige, entre otras cosas, la eliminación de los programas de diversidad, equidad e inclusión (DEI), la notificación obligatoria de estudiantes extranjeros acusados de infringir el código de conducta y la creación de auditorías ideológicas que certifiquen que Harvard no alberga opiniones “antiamericanas”. Ante la negativa de la universidad, Trump reaccionó no solo bloqueando los fondos, sino sugiriendo retirar el estatus fiscal de organización sin ánimo de lucro a la institución.
Hur y Burck no solo no se amedrentaron: devolvieron el golpe con un escrito mordaz que denuncia el chantaje ideológico y la extralimitación del poder ejecutivo.
Robert Hur, hijo de inmigrantes surcoreanos, se graduó en derecho en Stanford, pasó por Harvard y Cambridge, y fue fiscal federal en Maryland. Trump lo nombró en 2017. Más tarde, Merrick Garland le encargó la investigación sobre los documentos clasificados hallados en casa de Joe Biden. Hur decidió no imputarlo, pero su informe causó polémica por describir al presidente como un “anciano bienintencionado con mala memoria”. Los demócratas le acusaron de lenguaje político. Trump, por supuesto, lo usó como munición contra Biden. Y aún así, Hur se planta ahora contra las pretensiones autoritarias de su antiguo jefe.
William Burck es el prototipo del “superabogado” de Washington. Graduado en Yale, trabajó en la administración Bush y representó a varios aliados de Trump en la investigación por la trama rusa: Steve Bannon, Don McGahn y Reince Priebus. Más recientemente, ha defendido al alcalde de Nueva York, Eric Adams, en un caso de corrupción que fue archivado tras una intervención directa de Trump. Burck también fue contratado como asesor ético externo por la propia Trump Organization. Hoy, se sitúa en el bando contrario.
Que estos dos pesos pesados del aparato conservador estén al frente de la defensa de Harvard contra Trump es más que una paradoja: es un síntoma.
No estamos ante una disputa administrativa. Se trata de una ofensiva ideológica en toda regla contra la autonomía universitaria. Lo que Trump busca es disciplinar a las universidades que no se pliegan a su discurso, eliminar los programas de inclusión que combaten siglos de privilegios, y marcar territorio en la guerra cultural con medidas punitivas. Burck y Hur lo saben. Por eso, en su respuesta legal, acusan directamente a la administración de romper la separación de poderes y violar la Primera Enmienda.
Harvard ha dejado claro que no cederá a las exigencias presidenciales. Su presidente, Alan Garber, ha denunciado el intento de “controlar la comunidad universitaria” y ha alertado de las implicaciones de permitir que la financiación pública se utilice como arma de censura ideológica.
El caso ha escalado rápidamente hasta convertirse en una batalla política nacional. Los sectores más reaccionarios exigen mano dura contra las universidades “progresistas” que consideran semilleros de odio hacia “los valores americanos”. Mientras tanto, el mundo académico observa con preocupación. Si Harvard pierde esta batalla, otras instituciones podrían ser forzadas a elegir entre su independencia y su supervivencia económica.
Burck y Hur no representan solo a una universidad: representan el derecho a disentir del poder incluso desde dentro de sus propias filas.
Frente al chantaje de un gobierno que busca uniformar el pensamiento, la defensa de la libertad académica llega, esta vez, con traje republicano y argumentos constitucionales. Porque cuando hasta tus propios aliados te denuncian, quizás el problema no es Harvard, sino tu deriva autoritaria.
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