El diputado de Izquierda Unida Miguel Ángel Bustamante ha exigido explicaciones al Gobierno del PP, en especial a la ministra de Empleo y Seguridad Social, Fátima Báñez, sobre qué medidas piensa tomar para evitar las actuaciones que ejecutan “empresas de dudosa legalidad y las mafias ligadas a las migraciones” para abusar de “muchos trabajadores/as españoles/as que han emigrado a otros países de Europa buscando empleos ante la falta de puestos de trabajo en nuestro país”.


Bustamante ha registrado una iniciativa parlamentaria con una extensa batería de preguntas entre las que incluye si “¿es consciente el Gobierno y, en particular, la ministra de Trabajo de la situación de estas personas?” o “¿qué medidas se han tomado para asesorar a estas personas en origen antes de que envíen una solicitud de empleo a este tipo de agencias, o antes de que viajen al país de destino?

El diputado andaluz de IU expone y centra buena parte de su iniciativa en el flagrante caso de los Países Bajos. Cita así el informe ‘Trabajar en Holanda’ -elaborado para la Fundación 1º de Mayo de Comisiones Obreras- que analiza la situación de un importante número de ciudadanos de nacionalidad española que “trabajan en empresas de los Países Bajos dedicadas mayoritariamente al sector de la logística, en condiciones laborales enormemente precarias y que en muchos casos rozan la semiesclavitud”.

Estos trabajadores y trabajadoras son contratados por empresas de trabajo temporal como Hobij, PRAN, 100PRO, T&S Flexwerk, Young Capital, Synergie, Otto, Covebo o Temporales en Holanda, que operan en España a través de sus propias páginas web o de páginas de búsqueda de empleo. Una vez en los Países Bajos, los trabajadores firman un nuevo contrato cuyas condiciones suelen ser diferentes a aquellas del contrato que firmaron en origen”, indica Bustamante.

Entre los problemas que se encuentran una vez que llegan engañados a su destino están “los habituales ‘contratos de cero horas’, según los cuales los trabajadores ponen su tiempo semanal a disposición de la empresa sin que esta les garantice unas horas mínimas de trabajo. Este tipo de contratos hace que, como la empresa les costea el alojamiento y los pagos de los recibos del agua y la luz, muchos de estos trabajadores terminan incurriendo en ‘nóminas negativas’, es decir, generan menos dinero del que deben a las empresas”.

De ahí que el parlamentario de IU interrogue también al Ejecutivo del PP si “¿existe algún organismo español que supervise las condiciones pactadas en los pre-contratos ofrecidos por estas empresas en España?” o si es consciente de que “una vez en los Países Bajos estas personas firman otro contrato a veces contradictorio con el firmado en España”.

Además, el artículo 67.2 del convenio colectivo ABU obliga a las empresas a informar a los trabajadores en origen acerca de si el domicilio que les van a facilitar les permite registrase en los Países Bajos. “Lo que sucede, sin embargo, es que en la mayor parte de ocasiones las empresas no informan a los trabajadores sobre este tema y el domicilio que les ofrecen -muchas veces en campamentos de áreas apartadas- no les permite registrarse en los Países Bajos. En los campamentos en los que viven son comunes las visitas de la policía y la extorsión”, detalla Bustamante.

El parlamentario firmante de la iniciativa plantea a Báñez que diga si el Gobierno conoce esta situación y “la enorme pérdida de derechos, entre ellos el derecho a sindicarse” que acarrea para los españoles desplazados y, de ser así, “¿qué medidas se han tomado para apoyar a estas personas en el país de destino, ante la situación de vulnerabilidad y explotación en la que se encuentran?

Miguel Ángel Bustamante completa su iniciativa requiriendo al Gobierno del PP que explique también si “¿las delegaciones diplomáticas españolas en los Países Bajos tienen conocimiento de estos abusos y situaciones? ¿A quién o a qué organismo español deben dirigirse las quejas y denuncias ante estas situaciones? ¿Están solos nuestros ciudadanos frente a estas empresas?” y si ¿contempla la ministra de Trabajo realizar una reunión con su homólogo neerlandés, Wouter Koolmes, para desarrollar medidas legales destinadas a la mejora de la situación laboral de estas personas?

Deja un comentario