La ampliación a ocho semanas de los permisos por paternidad entrarán en vigor este lunes, 1 de abril, y será efectiva para todos los nacimientos que se produzcan desde esa fecha, tal y como se recoge en el Real Decreto-ley de medidas urgentes para la garantía de la igualdad de trato y oportunidades en el empleo y la ocupación aprobado por el Gobierno recientemente.

De este modo, los progenitores distintos de la madre biológica de todos los bebés nacidos a partir de este lunes disfrutarán de ocho semanas de permiso, frente a las cinco semanas que tenían desde verano de 2018.

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Las dos primeras semanas del permiso deberán disfrutarse de forma ininterrumpida tras el parto. Las seis semanas restantes podrán ser de disfrute interrumpido y ejercitarse desde la finalización del descanso obligatorio posterior al parto hasta que el hijo cumpla doce meses. Este permiso, retribuido al 100%, será intransferible, por lo que si el padre no lo disfruta, no lo podrá ceder a la madre.

Aunque el real decreto entre en vigor este lunes, su continuidad depende de que sea convalidado o no por la Diputación Permanente del Congreso -órgano que funciona al estar disuelta la Cámara-. Fuentes del Ministerio de Igualdad precisan que la entrada en vigor será efectiva, al menos, hasta que se tome la decisión, al tiempo que señalan que no se contempla el escenario de que el Parlamento lo tumbe.

Precisamente está prevista una reunión de la Diputación Permanente el miércoles día 3 de abril, es decir, dos días después de la entrada en vigor de los permisos. Previsiblemente este día se decidirá si se convalida o se deroga el decreto ley. Este debate se producirá después de que la Mesa de la Diputación Permanente del Congreso diese vía libre a debatir su convalidación, después de que los letrados de la Cámara confirmaran que las modificaciones que el texto realiza en la Ley de Igualdad de 2007 «no afecta a la parte orgánica» de la misma. Previamente, el Congreso pidió un informe jurídico sobre este decreto ley ante las dudas de constitucionalidad planteadas por Ciudadanos, a pesar de que desde el Gobierno defendieron su constitucionalidad desde el primer momento.