Human Rights Watch (HRW) denunció este lunes la destitución «arbitraria» de casi un centenar de jueces en Bolivia y pidió a la Organización de los Estados Americanos (OEA) que aborde el asunto, al considerar que está debilitando la independencia judicial en el país.
«La OEA debería pronunciarse frente a esta arremetida contra el poder judicial boliviano», señaló en un comunicado José Miguel Vivanco, el director para las Américas de la ONG con sede en Nueva York.
HRW analizó varios casos entre las decenas de jueces que han sido destituidos desde 2017, los más recientes en marzo de este año, y destacó que ninguno de ellos recibió motivos para su salida.
«Para preservar la independencia del poder judicial, el derecho internacional sólo permite destituir a un juez por causa debidamente justificada en casos graves de incompetencia o mala conducta, no como si se tratara de un funcionario público cualquiera», recordó Vivanco.
Además, la ONG llamó la atención sobre declaraciones del presidente de Bolivia, Evo Morales, que para HRW ponen en duda que el mandatario vea la independencia judicial como un componente clave de la democracia.
«El Consejo de la Magistratura ha destituido a decenas de jueces de manera caprichosa mientras el presidente Morales se dedica a menospreciar la importancia de la independencia judicial. Ello debería convocar a los estados miembros de la OEA», insistió Vivanco.
Para HRW, «si los bolivianos no tienen garantías de independencia judicial, todos sus derechos pueden ser amenazados».
Bolivia puso en marcha en 2016 una reforma del sistema de justicia, que está liderada por el Consejo de la Magistratura, un órgano formado por tres miembros elegidos por voto popular en diciembre de 2017.
HRW cuestiona la independencia del Consejo, apuntando que dos de los miembros son exfuncionarios del Gobierno de Morales y el tercero ha sido asesor externo de varios municipios gobernados por su partido, Movimiento Al Socialismo.
La organización recordó que la Carta Democrática de la OEA establece que la «separación e independencia de los poderes públicos» son «elementos esenciales» de la «democracia representativa» y que Bolivia es parte de tratados internacionales que exigen la protección de la independencia e imparcialidad de los jueces.
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